Colapso judicial por las cláusulas suelo: los juzgados tendrán que trabajar en agosto
Los bancos sólo han aceptado las reclamaciones de un 5% de los afectados: un millón y medio de demandas comenzarán a entrar en junio en los tribunales
Se avecina un agosto de juzgados abiertos en España ante la avalancha de demandas por las cláusulas suelo. Es el escenario que tiene estos días en vilo a despachos de abogados y funcionarios de Justicia de los órganos judiciales que se encargarán de tramitar estas reclamaciones de afectados. El colapso se prevé que comience ya este mismo mes de junio.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acaba de aprobar la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia, uno por provincia en la Península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear.
A partir del 1 de junio se encargarán, de manera exclusiva y no excluyente, de los litigios relacionados con cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios o gastos de formalización de la hipoteca.
Juzgados abiertos en el mes de agosto
La puesta en marcha de estos nuevos órganos judiciales coincide con la conclusión de los cuatro meses que suman los plazos establecidos en el Real Decreto-ley 1/2017, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.
El Gobierno obligaba en febrero a los bancos a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a sus previsiones y para que el consumidor y la entidad llegaran a un acuerdo extrajudicial.
Pero este mecanismo de tramitación de reclamaciones extrajudiciales ante los bancos no ha registrado los resultados previstos. Fuentes financieras admiten a ECD que las entidades estiman que se han aceptado en solo alrededor del 5% de los casos. Esto significa que un potencial millón y medio de demandas comenzarán a entrar en junio en los juzgados.
Por ello, en los órganos especializados de toda España cuentan con una “avalancha” de causas dentro de sólo dos semanas. Se calcula que, a partir de mediados del mes que viene, la presentación de demandas judiciales de afectados, sólo en la Comunidad de Madrid, superará la cifra de las 80.000.
Los trabajadores se encuentran en vilo
A medida que se vayan conociendo las cifras de ingreso de asuntos en los juzgados, el Consejo General del Poder Judicial hará una valoración ajustada de las necesidades. Unos resultados que serán inmediatamente comunicados al Ministerio de Justicia y a las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia.
En el CGPJ explican que estas valoraciones permitirán acomodar los medios personales y materiales, de cuya dotación son responsables estas Administraciones, a las necesidades que vayan surgiendo en el desarrollo del plan de urgencia.
Pero también se contempla que el ingreso de asuntos sea superior al previsto. Por ello, el órgano judicial podrá contar con un ‘juzgado bis’ servido por uno o más jueces de refuerzo, así como con los letrados de la Administración de Justicia y los funcionarios que se necesiten.
Ese escenario será determinado en estas evaluaciones mensuales que se irán realizando, lo que va a mantener en vilo a los trabajadores. Así las cosas, han comenzado a protestar a sus superiores de que no han recibido información de la dotación de plantilla necesaria, la forma de provisión del personal funcionario, la ubicación física, la carga máxima de trabajo...
Cambios de vacaciones a última hora
Otra de las mayores preocupaciones es que muchos de ellos van a ver modificados sus planes de descanso en verano por la puesta en marcha de estos juzgados en vísperas de las vacaciones.
Afectará sobre todo a aquellos que habían solicitado unos días libres en las últimas semanas de julio y las primeras de agosto. Algunos han comenzado a ser advertidos de que deberán esperar a tomar su descanso en otro momento. Un escenario similar al que se experimentará en los despachos de abogados especializados en la defensa de este tipo de causas.
50.000 funcionarios afectados el verano pasado
Hay que recordar que la Administración General del Estado ya vivió el año pasado un verano atípico. El Gobierno dio orden de que los funcionarios encargados de la facturación y contabilidad en los ministerios permanecieran en sus puestos. El adelanto a julio del cierre del presupuesto trastocó también sus planes para las vacaciones de verano.
Esta labor mantuvo de guardia varias semanas en julio y agosto a alrededor de 50.000 funcionarios del Estado, lo que representa aproximadamente el 10% del personal de los ministerios.
