Contrapartida por el ‘impuestazo’ a Sociedades: Hacienda deberá cumplir el pago a proveedores en 30 días

El Gobierno defiende que la modificación que acaba de plantear obliga a las empresas a adelantar el pago de Sociedades para financiar y asegurar el cumplimiento del déficit del Estado en 2017. Insiste en que no es, en ningún caso, un incremento fiscal.

Pero el cambio sí tiene un efecto sobre la tesorería de las empresas. Se les reclama un esfuerzo fiscal de 6.000 millones en 2017, un dinero que deja de estar en el bolsillo de las compañías para pasar a formar parte de la caja de Hacienda. Se obliga por ley al sector privado a dar liquidez al sector público.

En 2012, cuando las arcas públicas atravesaban una dura sequía de ingresos, el Gobierno ya acordó establecer un tipo mínimo que debían abonar las grandes empresas en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades. Y la medida, que entonces fue presentada como temporal, se extendió después durante cinco años.

Bruselas exige pagar en hora

La elevada morosidad de las administraciones provocó que Bruselas iniciara un procedimiento de infracción a España cuyo desenlace aún permanece en el aire. Hace un año, la Comisión Europea abrió una investigación a España debido al retraso del sector público español para pagar a sus proveedores.

El Ejecutivo comunitario llamaba la atención a España por incumplir los plazos que establece la Ley de Morosidad, que traspuso la directiva sobre el tema, y fija en 30 días el periodo máximo de pago de una Administración a sus proveedores. Un límite que varios organismos públicos incumplen. Según los últimos datos de noviembre, solo las comunidades autónomas acumulan un retraso en el pago superior a los 60 días.

El procedimiento de infracción había estado suspendido hasta hace unas semanas para poder evaluar el efecto de las medidas implementadas.

La Comisión Europea está siguiendo ahora de cerca, como contrapartida a España por el adelanto del abono del Impuesto de Sociedades a las empresas para recaudar 6.000 millones, que los mecanismos de liquidez y los controles del Gobierno sobre ayuntamientos y regiones surten efecto y el sector público paga en hora.

La crisis provocó que en 2011 las administraciones debieran unos 81.000 millones a empresas, lo que llevó al Gobierno de Mariano Rajoy a poner en marcha en 2012 el Plan de Pago a Proveedores que insufló más de 40.000 millones a comunidades y ayuntamientos, que eran los principales morosos públicos con las empresas.