Desciende el número de parados en España que rechazan una oferta de trabajo
El 33% de los desempleados que escuchaban propuestas hace un año las desestimaban porque no se aplicaban las penalizaciones
La imposición de nuevas penalizaciones a los parados por rechazar ofertas de trabajo de los servicios públicos de Empleo comienza a dar sus primeros resultados positivos. Ha descendido casi a la mitad en solo un año el número de desempleados que desestiman propuestas para incorporarse al mercado laboral.
La ley contempla desde hace tiempo que un desempleado que rechace una oferta de empleo adecuada comete una infracción grave, sancionada con la suspensión de la prestación durante tres meses.
Si rechaza dos ofertas, la suspensión dura seis meses y si son ya tres las ofertas desestimadas, el subsidio por desempleo se extingue. Pero no siempre en los últimos años, se ha aplicado de manera efectiva esta normativa.
Sin embargo, desde la llegada del PP al Gobierno estas sanciones si se están aplicando. Este cambio, unido al endurecimiento de los controles a los parados que se benefician de una prestación para detectar cobros indebidos, está consiguiendo concienciar poco a poco a los desempleados sobre sus obligaciones.
Al menos, así lo demuestran algunos datos recientes. Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes oficiales, solo un 18% de los desempleados rechazó una oferta de trabajo en 2013, cifra que desciende considerablemente con respecto a la del año anterior cuando se situó en un 33%. Cae por tanto un 15%.
Mientras, casi el 40% de los empleados en búsqueda de un nuevo reto profesional ha rechazado una oferta de empleo. Pero en la mayoría de las ocasiones de forma justificada porque su expectativa salarial era superior a la que se ofrecía.
En 2012, Empleo ya introdujo un mayor control sobre el cumplimiento por parte de los beneficiarios de prestaciones de sus obligaciones, exigiéndoles que acreditaran qué estaban haciendo para buscar efectivamente empleo.
Durante 2013 se ha ido desarrollando también un nuevo sistema de gestión de las prestaciones por desempleo que permita detectar mejor los incumplimientos de las obligaciones de activación de empleo y formativas de los beneficiarios de dichas prestaciones.
Esto significa acotar el fraude consistente en ponerse a trabajar al tiempo que se cobra la prestación, entre otro tipo de irregularidades.
