Otra bofetada al Gobierno

Endesa renuncia a invertir más en España

Sigue la estela de Iberdrola alegando que ha tenido que asumir un impacto negativo de más de 1.300 millones en un año por la reforma eléctrica y los nuevos impuestos

Borja Prado.
Borja Prado.

Endesa también huye de España. La eléctrica que preside Borja Prado se queja de que las medidas regulatorias adoptadas por el Gobierno de Rajoy desde que llegó a La Moncloa han tenido un impacto negativo de 1.300 millones, solo durante el último ejercicio. Sigue los pasos que anunció Iberdrola hace justo una semana en Londres.

Endesa ha anticipado esta mañana, durante la presentación de resultados de 2013, que reducirá sus inversiones en distribución eléctrica en España hasta los umbrales necesarios de “seguridad y mandato” del Gobierno, sin descuidar “niveles muy satisfactorios de calidad”

La compañía ha reducido ya un 33% sus inversiones en España y Portugal en 2013, hasta 604 millones, y trabaja en reducciones adicionales de costes, como respuesta a un escenario en el que “la demanda no está subiendo” y en el que las medidas regulatorias adoptadas desde 2012 por el Gobierno tuvieron un impacto significativo el pasado año, según explican a El Confidencial Digital fuentes de Endesa.

Impacto de 1.300 millones por la nueva regulación

Por otro lado, Endesa obtuvo un beneficio neto de 1.879 millones de euros en 2013, lo que supone una reducción del 8% respecto al obtenido en el mismo periodo del año anterior, por el impacto de las medidas regulatorias y fiscales introducidas en España en 2012 y 2013.

Pero los altos cargos de la eléctrica que preside Borja Prado consultados por ECD se quejan de que la suma de todas las medidas fiscales y regulatorias aplicadas en España desde el inicio de 2012 han tenido un impacto negativo total de 1.329 millones de euros en el Ebitda de 2013.

“Alarma social” por los cambios en el recibo de la luz

Endesa coincide también con la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) en que el nuevo sistema de revisión de precios eléctricos diseñado por el Gobierno puede generar “altos niveles de alarma social”.

Argumenta que los consumidores se encontrarán ante un mercado con precios “muy volátiles” y con unos patrones de consumo que pueden no adaptarse a los del mercado, mientras que las empresas tendrán que adaptar en muy poco tiempo los contadores digitales y los sistemas informáticos, lo que, en condiciones normales, puede llevar “entre doce y dieciocho meses”.

 

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