Fernández Ordóñez, al borde de la imputación. Un juez ha admitido una demanda, que incluye a Jaime Caruana, por mala gestión del Banco de España con las cajas
Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Jaime Caruana, ex gobernadores del Banco de España, tendrán que dar explicaciones ante el juez sobre su responsabilidad en la quiebra de las antiguas cajas de ahorros. El magistrado se apoya sobre todo en un informe de los inspectores del propio Banco de España.
El juzgado de instrucción número 7 de Madrid acaba de admitir a trámite una demanda del sindicato Manos Limpias contra Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Jaime Caruana por su presunta responsabilidad en el descalabro de las cajas de ahorros.
En la denuncia se atribuye a ambos los delitos de “falsedad contable, administración desleal, delito societario, apropiación indebida, estafa, manipulación de precios, falseamiento de cuentas, cohecho y prevaricación”.
MAFO y Caruana, ante el juez
Fuentes jurídicas vinculadas al caso, consultadas por El Confidencial Digital, dan por hecho que la admisión a trámite de esta demanda es el paso previo para que los antiguos responsables del Banco de España sean citados próximamente por el juez en calidad de imputados, con el fin de tomarles declaración sobre sus decisiones en los años que estuvieron al frente del organismo.
Caruana fue nombrado gobernador en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar. Se mantuvo en el cargo hasta 2006, cuando fue sustituido por Fernández Ordóñez, nombrado por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el año pasado, con la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa, Luis Linde dirige el Banco de España.
Denuncia de Manos Limpias
El sindicato Manos Limpias presentó hace unas semanas denuncia contra los ex gobernadores del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez y Jaime Caruana, a los que acusa de ser “cómplices, encubridores y cooperadores necesarios en delitos societarios y de administración desleal” durante el tiempo que ocuparon sus cargos.
La demanda se dirige también contra los ex directores generales de Supervisión del Banco de España durante los mandatos de ambos gobernadores.
En el escrito que el juez ha admitido a trámite, Manos Limpias argumenta que es evidente que, si se hubiese actuado desde el primer momento, con una supervisión, imparcial, rigurosa, y denunciado hechos delictivos, no se habría producido “ni el rescate, ni el fraude en preferentes, ni sueldos estratosféricos, ni los blindajes de las jubilaciones ilegales de altos directivos, ni la concesión de créditos fallidos a promotores inmobiliarios que no aportaron las garantías suficientes y que se concedían créditos por amiguismo o pertenencia a un determinado partido político, así como la condonación de deudas a partidos políticos”.
El informe de los inspectores
Fuentes conocedoras de la instrucción del caso a las que ha tenido acceso ECD explican que el juzgado número 7 de Madrid se está apoyando en un informe de la Asociación de Inspectores del Banco de España, con fecha de enero de este año, que denunciaba irregularidades en los procesos de supervisión de las entidades financieras.
“Entre el informe de la inspección y la toma de decisiones de la Comisión Ejecutiva del Banco de España hay un excesivo nivel de filtros que solo tienen sentido para modular las conclusiones de la inspección, de modo que el informe de los inspectores no figura entre los documentos de los que dispone la Comisión Ejecutiva”, recoge ese documento.
El juez considera que la aportación de los inspectores es de gran calado, porque sugiere que se ha modificado el sentido del informe del inspector que ha analizado la situación de una entidad con profundidad.
Carta a Pedro Solbes en 2006
Otro de los documentos que maneja el magistrado es la carta enviada por los inspectores en 2006 al entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, en la que advertían al Gobierno de Zapatero y al propio MAFO sobre el imparable crecimiento del crédito en manos de bancos y, sobre todo, en las cajas, ajenas éstas a la cultura del control de riesgos.
En el escrito avisaban al Ejecutivo de que ni el anterior gobernador, Jaime Caruana, ni Miguel Ángel Fernández Ordóñez, su sustituto, atendían las advertencias de los inspectores, que incluso amenazaron en varias ocasiones con hacer públicas esas notas si no surtían efecto sus denuncias.
El objetivo de la misiva era alertar en aquel momento al gobernador recién nombrado, y al ministro de Economía, de la trayectoria que había seguido Jaime Caruana. No estaban dispuestos a continuar en la misma línea de no transmitir al Gobierno la crudeza de la situación económica.
Sin embargo, cinco años después, Miguel Ángel Fernández Ordóñez siguió mirando para otro lado, y los técnicos cumplieron su órdago filtrando meses antes de su salida, en junio del año pasado, la misiva remitida a Pedro Solbes en 2006.
