Dinero

Fraude con las empleadas del hogar: inspectores de Trabajo visitan domicilios por sorpresa y citan por carta a propietarios para investigar si les pagan en dinero negro

Nueva cruzada del Gobierno contra la economía sumergida. Y en este caso contra las empleadas del hogar. Los inspectores se están presentando de manera inesperada en los domicilios y citando a los propietarios en la Inspección de Trabajo para comprobar que las trabajadoras que tienen a su servicio se encuentran en situación regular.

Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes conocedoras de estos procesos, el Gobierno no está satisfecho con los resultados de la campaña que lanzó el año pasado para regularizar la actividad laboral de las empleadas del hogar.

Considera que no logrado acabar de raíz con la economía sumergida de la que tradicionalmente ha vivido este sector.

Esta situación ha llevado al ministerio de Empleo a iniciar visitas sorpresa a los domicilios y a citar a empleadores en la Inspección de Trabajo para detectar posibles irregularidades en la situación de estos trabajadores.

Investigaciones a partir de denuncias

Fuentes de la Inspección de Trabajo explican a ECD que se ha producido un importante incremento de las reclamaciones de empleadas del hogar en los últimos meses, desde que entró en vigor el pasado 1 de abril la nueva obligación de cotizar por ellas que tienen las familias que les contratan, cuando trabajan más de 60 horas al mes.

Los inspectores están realizando visitas sorpresa a los domicilios con empleadas del hogar cobrando en dinero negro a partir de estas denuncias anónimas de las propias empleadas que delatan a sus empleadores ante la Inspección de Trabajo por mantenerlas en situación irregular, según confirman algunos inspectores que participan directamente en estos controles.

No es habitual -aunque si se están dando algunas inspecciones aleatorias- que se inicie una investigación de oficio por parte de la Administración puesto que se trata de domicilios particulares donde es necesaria una autorización judicial para entrar.

Citaciones en la Inspección de Trabajo

Sin embargo, según las fuentes consultadas, los inspectores se están encontrando, tanto en los casos en el que los técnicos tienen evidencias concretas de la irregularidad por una denuncia previa de la empleada o en investigaciones que realizan de manera aleatoria, con situaciones de propietarios que se niegan a permitirles entrar en su domicilio, salvo que presenten una orden judicial.

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En estos casos, el conflicto se resuelve citando por carta en los días siguientes al empleador en el despacho del inspector de Trabajo, obligándole a que aporte pagos al trabajador en cuenta bancaria de forma regular, contrato, nómina y alta en la Seguridad Social.

Su resistencia a mostrar la documentación cuando se le requiere en la puerta de su casa demuestra en muchos casos que existe realmente una irregularidad y lo convierte en sospechoso para la Administración, que abre una investigación sobre esa persona.

Fraudes en la prestación por desempleo

Las fuentes a las que ha tenido acceso este diario explican que los inspectores de Trabajo revisan que las empleadas del hogar tengan toda su documentación en regla y con el alta en la Seguridad Social.

El objetivo es localizar también a trabajadoras que estén percibiendo una prestación del Estado (desempleo, ayuda familiar para personas que ya han agotado el paro…) y que, al mismo tiempo, están cobrando dinero por su trabajo en el hogar de una familia, cantidades que no declaran.

Revisiones en urbanizaciones de lujo

Uno de los puntos de las grandes ciudades que centran las revisiones de los inspectores de Trabajo son las urbanizaciones de lujo. Familias de alto nivel adquisitivo que requieren trabajos relacionados con el cuidado de niños y de ancianos como empleada doméstica interna.

El sector doméstico emplea en España a unas 600.000 personas, según recoge la última Encuesta de Población Activa (EPA).

Sin embargo, según datos que maneja la propia Inspección de Trabajo, casi la mitad de las empleadas del hogar (370.000) continúa sin regularizar su situación.

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