El Gobierno desempolva una cláusula para ir contra Florentino Pérez por el fiasco del Castor

El informe ha dejado claro que no se podía prever ese fenómeno con los “estándares” de la industria. Así las cosas, todo parecía indicar que se alejaba la posibilidad de recuperar los 1.700 millones que recibió Escal UGS, controlada en un 66,7% por ACS, tras el fiasco.

Reclamar responsabilidades a Florentino Pérez

Esta conclusión va a resultar clave para determinar el coste que este fiasco ha supuesto hasta ahora para los consumidores de gas. Tras la alarma producida por los seísmos, el Gobierno se vio obligado aindemnizar a la compañía cuando extinguió la concesión por un Real Decreto Ley firmado el 3 de octubre de 2014 por Mariano Rajoy.

ACS negó entonces “inseguridad e irregularidades en el proyecto”. Aceptó renunciar y señaló que la indemnización que exigía no era para la empresa, sino para devolver la deuda que supuso la construcción.

El Gobierno se ha propuesto ahora ajustar cuentas con Florentino Pérez. Según destacan a El Confidencial Digital fuentes conocedoras del proceso, el decreto incluyó una disposición que en este momento cobra especial relevancia: se podrán exigir responsabilidades a Escal UGS si se demuestran “vicios o defectos de ejecución” o “por sus acciones u omisiones”.

Esa cláusula abre la puerta a recuperar el dinero. Por lo pronto, sobre una supuesta actuación dolosa o negligente de la promotora, Energía ha rechazado públicamente “llegar a conclusiones precipitadas”. Pero continúa investigando.

Ha añadido también que “la aplicación de los estándares habituales en la industria para este tipo de yacimientos no hubiera podido probablemente llegar a la conclusión de que esto iba a suceder. Es una conclusión sin duda relevante”.

Tiene en cuenta la “elevada factura a asumir”

El Gobierno se guarda este as en la manga, consciente de la “elevada factura a asumir”. Mantener en estado de hibernación el almacén, mientras se dirime sobre su desmantelamiento, cuesta 15,7 millones al año, que recibe Enagás, la empresa a la que el Gobierno encargó que se ocupara de las instalaciones.

En octubre de 2014, el Gobierno aprobó un real decreto ley por el que se pagó a la promotora 1.350 millones, que se añadían a los 110 millones que ya había recibido. Luego, se sumaron otros 295,6 en concepto de “derechos retributivos” por los dos años y tres meses en los que el almacén estuvo operando. En total, más de 1.700 millones.

Lo hizo después de que la promotora del almacén renunciara a la concesión tras la orden de cierre dictada por el Ejecutivo por los temblores. Una cláusula de la concesión del proyecto -recogida en un real decreto de 2008- fijaba el pago a Escal UGS del coste de las obras en caso de que desistiera.

Por si esto fuera poco, habría que añadir el desmantelamiento -143 millones según las previsiones contenidas en la concesión de 2008-, y los intereses del pago de la indemnización durante los próximos 30 años.

De momento, no habrá desmantelamiento ni reapertura. El almacén de gas natural seguirá como está desde finales de 2013: en situación de hibernación.

El proyecto se encuentra en este estado desde que se paralizó en 2013 tras la serie de pequeños seísmos, que el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Geológico y Minero relacionaron con laúltima fase de inyección del gas colchón. El MIT ha confirmado también ahora esa vinculación.