Dinero

Pedro Sánchez ha solicitado que la lista se haga pública

El Gobierno encuentra la fórmula para dar a conocer a los 715 grandes contribuyentes sospechosos de blanqueo de capitales

El Sepblac enviará a la Fiscalía todos los datos de los amnistiados en los que aprecie delito y en ese momento se revelarán sus identidades

El ministro Cristóbal Montoro.
photo_camera El ministro Cristóbal Montoro.

El Gobierno se niega a publicar la lista de los 715 contribuyentes vips de un total de 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal impulsada por Hacienda en 2012. Se agarra a que cometería un delito de prevaricación. Pero sí da por hecho una fórmula que acabará por dar a conocer muchas de las identidades de estos defraudadores.


Hacienda sostiene que publicar la lista de los nombres de las 715 personas que están siendo investigadas por el origen sospechoso de los fondos implica“culpabilizarlas socialmente” cuando esa investigación puede quedar “en nada”.

En el listado, según ha reconocido recientemente el propio ministro de Justicia, Rafael Catalá, además de Rodrigo Rato, figuran destacadas personalidades públicas, como jueces, embajadores yex altos cargos de la Administración.

El ministro Montoro ha repetido insistentemente en los últimos días que la ley no le permite publicar esa lista, a pesar de que la oposición en bloque ha pedido que se dé a conocer cuanto antes.

Los nombres se conocerán en la Fiscalía

No obstante, según ha conocido El Confidencial Digital de fuentes con acceso al Palacio de La Moncloa, el Gobierno ya da por hecho que el resto de los 715 nombres de los grandes contribuyentes investigados por el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), se conocerán en las próximas semanas. Hasta ahora, solo se ha filtrado la identidad de Rodrigo Rato.

Aunque el Gobierno va a esquivar la publicación de esa lista, el Sepblac deberá enviar a la Fiscalia toda la información de esos contribuyentes en la que aprecie delito y será el paso en el que se acabarán conociendo los nombres.

Así, en medios del Ejecutivo se concluye que como los 715 investigados son sospechosos de blanqueo, según el procedimiento de la Agencia Tributaria, casi todos los casos acabarán en manos de la Fiscalía.

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