El Gobierno intensifica la vigilancia sobre empresarios y sindicatos para sanear los cursos de formación
Más medidas de control: 1) Reduce a la mitad las ayudas del Estado para gastos de gestión. 2) Inspecciones diarias. 3) Adjudicación en concursos abiertos a empresas privadas
El Gobierno va a reforzar los controles sobre las subvenciones que concede a sindicatos y patronal. Los últimos escándalos de corrupción han llevado al ministerio de Empleo a dar una vuelta de tuerca a la normativa, en la dirección de fiscalizar mejor a dónde se destina el dinero público que reciben estas organizaciones destinado a actividades formativas.
En los últimos meses, sucesivos escándalos de corrupción han colocado en el punto de mira de las sospechas los cursos de formación para trabajadores y parados.
Los más destacados han ocurrido en Andalucía, donde ha quedado salpicado al sindicato UGT, y en Madrid, donde la patronal CEIM se enfrenta en este momento a graves acusaciones de desvío de fondos públicos.
Negociaciones discretas y con la ministra
El Gobierno considera que hay que poner coto urgente a estas prácticas. “No se pueden gastar en pancartas el dinero que se les da para formar a parados y trabajadores”, llegan a afirmar en privado altos cargos en Moncloa.
Por ello, según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes próximas al Ejecutivo, Empleo negocia discretamente desde hace varias semanas un acuerdo con patronal y sindicatos que se concrete en un nuevo marco normativo para la concesión de estas subvenciones.
Alguno de los encuentros los ha presidido incluso la propia ministra, Fátima Báñez, junto a los líderes sindicales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y el presidente de la CEOE, Joan Rosell.
Menos dinero, controles diarios
Los borradores avanzados que se manejan al máximo nivel, a cuyo contenido ha tenido acceso ECD, contemplan las siguientes modificaciones:
-1) Menos dinero del Estado a los agentes sociales para gastos de gestión.
-2) verificación a diario de que las actividades formativas subvencionadas que se realizan.
-3) Convocar concursos cursos abiertos a empresas privadas.
La mitad de las ayudas
Las ayudas destinadas a la formación suelen repartirse en dos capítulos. Un 80% de las subvenciones sirve para pagar a los profesores y organizadores de los cursos. El resto (un 20%) se destina a “gastos de apoyo”, por ejemplo, los sueldos de trabajadores no docentes de los sindicatos y la patronal que intervienen en la gestión de las actividades formativas.
Ahora, según las fuentes consultadas, el Gobierno pretende reducir a la mitad la partida que destina a esos “gastos de gestión”, dejándola en un residual 10% del total que se concede para el curso de formación.
Se busca que sindicatos y patronal “manejen directamente cuanto menos dinero mejor”, destacan altos cargos del Ejecutivo.
Inspecciones diarias
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que la Inspección de Empleo también se va a tomar en serio un endurecimiento de la vigilancia directa sobre los cursos de formación.
Los inspectores verificarán a diario que las actividades se realizan efectivamente. Se busca, sobre todo, acabar con las prácticas que han llevado a los responsables sindicales y empresariales a no celebrar los cursos y a embolsarse el dinero destinado para dedicarlo a otros conceptos.
Concurrencia privada
Según las fuentes consultadas por este confidencial, otra de las medidas que se van a poner en marcha es utilizar la libre concurrencia en la adjudicación de las ayudas para actividades formativas, donde puedan participar también centros públicos y privados junto a los agentes sociales.
Así, explican, el Gobierno también tiene otro argumento para reducir la cuantía que reciben patronal y sindicatos para la organización de los cursos, al repartirse los fondos de las actividades subvencionadas entre más participantes.
