Dinero

Lucha contra el fraude

Hacienda intensificará las inspecciones a empresarios morosos para que no ‘vacíen’ la compañía

Ha identificado más de 200 casos de alzamiento de bienes durante el año pasado que han sido frenados

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photo_camera Cristóbal Montoro.

El objetivo de la Agencia Tributaria es evitar que se utilice esta técnica para no pagar las deudas con el fisco. Se ha empezado a hacer en 2013 y, ante el éxito de la medida, se va a profundizar en las investigaciones este año.

Hasta el año pasado, primer año efectivo de esta medida gracias a su inclusión en la Ley Antifraude de 2012, cualquier empresario que estaba en deuda con la Agencia Tributaria podía sin miedo a represalias cambiar de nombre o vender los inmuebles propiedad de esa compañía.

El resultado de esta triquiñuela era evidente: cuando el fisco iba a cobrar la deuda que esa empresa mantenía con Hacienda, se encontraba con que estaba ‘vacía’. No había ni un solo activo para cobrar el dinero que se le debía al Estado, nada. La consecuencia es que la Agencia Tributaria se quedaba sin cobrar esa deuda y el empresario podía seguir disfrutando de esos inmuebles a su antojo.    

Hacienda quiere acabar con esto. Desde la entrada en vigor de la Ley Antifraude, el departamento que dirige Cristóbal Montoro tiene poder para prohibir la disposición de inmuebles que, perteneciendo al empresario moroso, estén a nombre de una empresa en la que tiene más de un 50% de las acciones.

De acuerdo con las fuentes tributarias consultadas, en 2013 Hacienda consiguió frenar más de 200 casos como éste. Se trata de empresarios que, debiendo dinero al fisco y que están metidos en un proceso de embargo, iniciaron los trámites para vaciar patrimonialmente su compañía con el objetivo de declarar insolvente la empresa y así salvar sus propiedades.

La Agencia Tributaria tenía las manos atadas ante esta estrategia delictiva. Pero tras el cambio legal, y visto el éxito que ha tenido la medida en 2013, han decidido intensificar este año las investigaciones a estos empresarios. En definitiva, estrechar el cerco a quienes realizan este alzamiento de bienes.

Consecuencias

Realizar este vaciamiento patrimonial está tipificado como delito y está penado con hasta cuatro años de cárcel. Se denomina alzamiento de bienes y, lógicamente, la Agencia Tributaria no puede entrar en acusar a un empresario de un delito.

Por eso, las consecuencias para los propietarios de compañías que sean ‘pillados’ haciendo esto no son de tipo penal, ni Hacienda pondrá sanciones económicas para los defraudadores. La Agencia Tributaria lo que busca es cobrar su deuda y la primera medida que toma es frenar ese vaciamiento patrimonial de la compañía en cuestión en cuanto lo detecta.

A partir de ahí, se abre expediente al infractor y se detienen los movimientos patrimoniales para embargar esos inmuebles y cobrar la deuda.

 
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