KPMG presenta hoy un avance de su informe sobre la fusión Caja Duero-Caja España. Principales problemas: el sistema informático, las participadas industriales, la sede en Valladolid o León

Según ha sabido El Confidencial Digital, los auditores están trabajando a marchas forzadas para poder presentar el informe definitivo el 10 de diciembre, y cumplir a así con el “calendario férreo que ha marcado el Banco de España para arrancar de una vez este proceso”, apuntan fuentes del supervisor, que señalan que el plazo fue marcado por el propio Miguel Ángel Fernández Ordóñez a los responsables de las dos cajas.  

Fuentes sindicales de las dos entidades recuerdan que la consultora tenía que haber presentado el 30 de noviembre su análisis sobre el proceso de fusión de ambas entidades. Un directivo de Caja Duero confirma este dato, pero explica: “Hay que tener en cuenta que han tenido que re-hacer el informe de arriba abajo, una vez que Caja Burgos decidió descolgarse de la fusión”.  

Consultores que trabajan en otras fusiones de cajas ya en marcha explican a ECD que el reparto de sedes y servicios centrales, la recomposición del organigrama directivo y la homogeneización de los acuerdos laborales son los aspectos que más ampollas levantan en este tipo de alianzas.  

Sobre Caja Duero y Caja España, “se han estado reuniendo durante toda la semana, pero de momento no ha trascendido ningún detalle de cómo quedará el nuevo organigrama” reconocen desde ambas entidades. Los encargados de esta negociación son varios directivos y consejeros de Caja Duero, y por parte de Caja España, su presidente, Santos Llamas, los vicepresidentes, Isabel Carrasco y Francisco Fernández, y el director general adjunto, Javier Ajenjo. 

La duración de este tipo de proyectos suele estar “entre cuatro y seis meses”, según las fuentes consultadas. No obstante, KPMG lleva más de seis meses trabajando en el informe de esta fusión y, tal y como adelantó este confidencial –léalo aquí-, no es el primer retraso que sufre el informe definitivo. Otros aspectos que requieren un estudio profundo y que están complicando la redacción final son: 

-- Sistema informático. Aunque al principio se apostó por el de Caja España,  expertos en gestión informática aseguran que se trata de “un programa desfasado, que suele ‘caerse’ a menudo. En la casa son conscientes, y de hecho existe un proyecto para sustituirlo”.  

-- Participadas industriales. Los consultores estudian la mejor forma de que la entidad resultante digiera varias operaciones fallidas en cuanto a inversiones se refiere. Una de las más destacadas: el concurso de acreedores de la compañía aérea Lagun Air (que se disolvió con la liquidación de la empresa) propiedad de la Agrupación de Constructores Leoneses (AGELCO), Caja España y Juan José Hidalgo, presidente del Grupo Globalia. Un mes antes de que KPMG presente su informe, Agelco ha entrado en concurso voluntario de acreedores, poniendo en evidencia a su principal accionista, Caja España, que a través de su filial Inmocaja dispone del 8,63% de la patronal leonesa.  

-- Antes de que Caja Burgos anunciara su ‘descuelgue’ de la fusión, el informe presentado por la consultora calculaba que la unión provocaría que se cerrasen unas 300 oficinas, lo que eliminaría 1.400 puestos de trabajo. Y estimaba que las tres entidades tendrían que pedir cerca de 750 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). “Ahora hay que recalcularlo todo y no es fácil”, subrayan fuentes financieras consultadas.  

A vueltas con la sede…y con los sindicatos 

“Caja España hará todo lo que esté en su mano para que la sede se localice en Valladolid”, afirman fuertes con acceso a esta entidad, que explican que el origen de esa insistencia se encuentra veinte años atrás, cuando se fusionaron dos vallisoletanas (Caja Provincial y Caja de Ahorros Popular)  con Caja León, Caja Zamora y Caja Palencia, dando lugar a Caja España y “Valladolid no se quedó con la sede pese a tener dos entidades representadas en la caja resultante”. 

Llama la atención sin embargo una reciente iniciativa promovida por los consejeros generales por Zamora, tanto en Caja España como en Caja Duero, para que la provincia “sea tenida en cuenta como territorio histórico de ambas, a la hora de decidir el reparto de sedes y órganos de control de la caja que nazca de la fusión”. El argumento que esgrimen es similar al de los consejeros por Valladolid: la fusión que dio lugar a Caja España a principios de los noventa. 

Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio de León, Manuel Lamelas, ha reiterado su postura de la que la sede permanezca en León “porque fue algo en lo que ya se pensó hace años, cuando Caja León lideró la integración de la que surgió Caja España”. "Ya pensábamos en el futuro por cualquier cambio de sede por otras fusiones. Ya se preveía y se intentó a toda costa que la sede no saliera de León", advirtió en un encuentro con empresarios locales Lamelas, que ha ostentado el cargo de consejero de Caja España.

 Pero si los consejeros no se ponen de acuerdo, tampoco los sindicatos parecen tenerlo fácil para “sobrellevar las duplicidades propias de la integración”, reconocen representantes de las principales fuerzas sindicales presentes. Los representantes de las cajas de ahorro y UGT (que tiene un 42% de la representación en las cajas) propusieron constituir la mesa de negociación para el Protocolo Laboral de la nueva caja con once miembros, siendo dos de ellos del sindicato minoritario Csica. Cisca, sin embargo, ha exigido un tercer vocal (con el apoyo de CC.OO. y UEA). De momento, no hay fecha para el comienzo de estas negociaciones, lamentan desde esta última plataforma sindical.