La mitad del dinero destinado a atención a la dependencia en Madrid, País Vasco, Comunidad Valenciana, Cantabria y Asturias se desvía a pagar residencias

En total, de la partida presupuestaria de 871 millones de euros que el Ejecutivo ha destinado en 2008 a la atención de personas dependientes, más de un millón doscientos mil euros han ido a parar a residencias de ancianos o específicas para personas con discapacidad.

Según los datos recogidos en la Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008, el número total de personas residentes en hogares españoles que declaran tener alguna discapacidad asciende a 3.847.900, es decir, el 8,5% de la población.

Pues bien, los datos que se manejan en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y a los que ha tenido acceso El Confidencial Digital, muestran que en muchos de estos casos se da la paradoja de que la atención preferida por los familiares de los dependientes es la residencial –véalo aquí-.

Las comunidades autónomas en las que mejor se aprecia esta tendencia son la de Madrid, donde un 45,19% de los dependientes con derecho a cobrar las ayudas se decantan por ingresar en una residencia, o el País Vasco, donde supera el 29%. Comunidad Valenciana (30,19%), Cantabria (25%) y Asturias (23,3%) se encuentran en situaciones similares.

“El problema está en que la demanda de estos servicios es muy superior a la oferta, lo que retrasa mucho y en numerosas ocasiones las adjudicaciones de las ayudas”, explican fuentes del sector.

Por su parte, Francisco Salinas, secretario general de Lares –federación que aglutina a las residencias y servicios de atención a mayores del llamado ‘sector solidario’- asegura a ECD que la “aplicación de la Ley de Dependencia está generando una realidad muy concreta: no existen suficientes plazas residenciales, ni siquiera sumando la oferta privada (solidaria y mercantil) y la pública”.

“Nuestra ocupación está entre el 95%-97%, siempre hay lista de espera”, añade Salinas. Cabe destacar que Lares ofrece unas 40.000 plazas en toda España, destinadas a dependientes de renta media o medio-baja.

‘Reconversión’ de residencias privadas en concertadas

Ante esta situación, algunos gobiernos autonómicos están impulsando la creación de nuevas plazas para dependientes en sus residencias. De esta forma, los centros ‘concertados’ se están convirtiendo en la solución más inmediata para dar salida a este déficit: los privados se ‘reconvierten’ en públicos o concertados para cubrir las limitaciones del sistema público.

Es el caso, por ejemplo, de Navarra, donde las personas con gran dependencia y dependencia severa rebasan el centenar, todos ellos, en lista de espera para obtener una plaza en una residencia. “Siete de cada diez de estos demandantes viven en Pamplona o sus inmediaciones”, señalan a ECD fuentes del gobierno foral.

La Comunidad Foral está poniendo en marcha dos programas destinados a ampliar la disponibilidad de estos centros: habilitarán 500 plazas residenciales para quienes cuenten con una valoración de su grado de dependencia pero aún no hayan ingresado en un centro mientras que animan a las residencias privadas a ‘reconvertirse’ en concertadas y ofertar 700 plazas subvencionadas.

Esta opción está teniendo muy buena acogida entre los responsables de las residencias privadas, apuntan desde el gobierno local, ya que, de un total de 70 centros, “unos 40 ya se han interesado en participar en la iniciativa”.

Mientras, en algunas provincias castellano-leonesas como Valladolid, son seis de cada diez dependientes con derecho a ayudas económicas los que se optan por la residencia.

En Guipúzcoa, en los últimos doce meses se han invertido 60,34 millones de euros para financiar 3.351 plazas residenciales (temporales y permanentes) y 936 de centros de día en el ámbito de los mayores dependientes; y otros 17,38 millones a sufragar 1.009 plazas para personas con discapacidad, recuerdan fuentes municipales.

En la misma línea, el equipo de gobierno de Esperanza Aguirre ya ha anunciado que en los próximos tres años, va a garantizar 700 plazas públicas en residencias, pisos tutelados y centros de día para mayores con una partida de 38 millones de euros.