Montilla aún no tiene un criterio definido sobre el grado de control que las empresas deben ejercer sobre el e-mail de sus empleados

El ministro de Industria reconoció hace unos días en Madrid que aún no tiene un criterio definido sobre uno de los grandes conflictos laborales que se están produciendo en estos momentos: el control que ejercen las empresas sobre los correos electrónicos de sus empleados.

El ministro de Industria reconoció hace unos días en Madrid que aún no tiene un criterio definido sobre uno de los grandes conflictos laborales que se están produciendo en estos momentos: el control que ejercen las empresas sobre los correos electrónicos de sus empleados.

El asunto está de plena actualidad tras el fallo de algunas sentencias recientes y la publicación de datos significativos. Concretamente, la American Management Association y la consultora ePolicy Institute acaban de hacer público un estudio titulado “2005 Electronic Monitoring & Surveillance Survey in the Workplace”, que muestra cómo controlan las empresas lo que hacen sus empleados delante del ordenador.

Según este informe, en sólo tres años se ha disparado el uso de sistemas de control sobre Internet y el teléfono en las compañías. El dato más relevante indica que el 26% de las compañías han expulsado a trabajadores que hacían una mala utilización o uso privado abusivo de Internet, del correo electrónico o del teléfono durante la jornada de trabajo.

En España, el ministro José Montilla ha admitido recientemente que se trata de una cuestión de difícil regulación pues atañe a dos derechos en conflicto: por un lado, el de la propia empresa a que sus asalariados empleen su tiempo de trabajo en cuestiones laborales; por otro, el de los ciudadanos a ver respetada su privacidad.

Por lo pronto, todo parece indicar que habrá que esperar a que el titular del departamento de Industria se forme una opinión al respecto y el Gobierno pueda pronunciarse al respecto. Mientras tanto, algunas empresas comienzan a tomar medidas, calificadas en algunos sectores como claramente lesivas para los derechos de los empleados.

 

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