Montoro rescata un decreto descartado hace dos meses para subir el sueldo a los funcionarios
Argumentará que estas retribuciones “son la principal fuente de ingresos para un amplio sector de la población (3 millones de empleados)” para justificar la urgente necesidad
Los funcionarios han comenzado a respirar aliviados, al menos este año. Han visto confirmado que sus salarios subirán en 2018 más del 1% en que mejoraron el ejercicio pasado. Por primera vez, Cristóbal Montoro lo ha desvinculado de la aprobación de unos nuevos Presupuestos. Pero el plan diseñado por Hacienda viene de meses atrás.
Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes próximas al Ministerio de Hacienda, Montoro había trazado en noviembre un plan para incluir en el decreto de prórroga una subida salarial a los empleados públicos, aún sin la aprobación de las cuentas de 2018.
Consistía en aplicar el incremento del 1% establecido en los Presupuestos de 2017 a partir del 1 de enero. Esa era, al menos, la intención que varios altos cargos del departamento llegaron a trasladar hace dos meses a los sindicatos (UGT, CC OO, CSI-F) en una reunión formal.
El incremento quedó fuera de la prórroga
El último Consejo de Ministros del año aprobó un decreto con la prórroga del Presupuesto de 2017 ante la falta de apoyos del PP para sacar adelante los de este ejercicio. Pero la revalorización de los sueldos de los funcionarios quedó fuera.
Finalmente, el decreto sólo recogió la ampliación del préstamo de 10.192 millones para afrontar las pagas extras de verano y Navidad de los jubilados, la revalorización de las pensiones un 0,25%, y la subida a los 735 euros del salario mínimo interprofesional.
El decreto comenzó a plantearse en noviembre
Sin embargo, desde mediados de noviembre Hacienda ya venía abriendo la puerta a una subida salarial de los empleados públicos aún sin nuevas cuentas para 2018. Así se lo transmitió la secretaria de Estado de Función Pública, Elena Collado, a los sindicatos, señalando que si fuera necesario recurrirían a “otras fórmulas legales posibles”.
Les anticipó también en aquel momento que Hacienda manejaba un alza del 1,5%, la misma que el Ejecutivo había presentado en septiembre cuando todavía no se descartaba tener los Presupuestos Generales del Estado a tiempo y se negociaba a varios años vista.
No obstante, fuentes del Ministerio rebajaron las expectativas sobre una subida salarial sin Presupuestos. Insistieron entonces en que el “escenario central” del Gobierno era aprobar una revalorización para los funcionarios en las cuentas públicas de 2018, pero negaron haberse comprometido “a ir más allá” si no salían adelante.
Defenderá que afecta al conjunto de la Administración
Ahora, Hacienda da un giro inesperado y argumentará en el decreto que prepara que estas retribuciones “son la principal fuente de ingresos para un amplio sector de la población” para justificar la extrema y urgente necesidad.
La Ley de Presupuestos tiene el carácter de norma básica y, por lo tanto, es aplicable a todas las Administraciones, lo que implica que si esa norma no se actualiza, se congelan las retribuciones de todos los empleados del sector público autonómico y local, “sin que existan razones de política económica que justifiquen dicha situación”, recogerá.
En efecto, la medida beneficia a alrededor de 500.000 empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado: funcionarios, personal laboral y eventuales. Es decir, a aquellos que prestan servicio en los diferentes ministerios, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Pero la subida también se hace extensiva a los funcionarios de muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, lo que eleva la cifra a casi 3 millones de personas.
La mayoría de ellos están a la espera de la decisión definitiva del Estado para introducir incrementos salariales similares en sus presupuestos para los empleados públicos de las administraciones regionales y locales.
Agota una baza negociadora para presionar al PSOE
En el Gobierno admiten ahora que, con este cambio de estrategia, Cristóbal Montoro agota una baza negociadora.
Hasta ahora, el ministro de Hacienda trataba también de retrasar el incremento salarial hasta que Ciudadanos y el PSOE, los partidos que en teoría deben dar luz verde a las nuevas cuentas, no aprobasen el texto remitido por el Gobierno al Congreso de los Diputados.
Fuentes del Ejecutivo revelan a ECD que Montoro admitía en privado que se guardaba esta baza para presionar a sus potenciales aliados. Perseguía que “se pensaran dos veces” la devolución del proyecto de ley de Presupuestos, si valoraban que el retraso estaba afectando a las nóminas de dos millones de trabajadores públicos en España.
De entrada, el texto contará probablemente con la oposición del resto de grupos parlamentarios, salvo Ciudadanos y los nacionalistas canarios.
