Reuniones de policías y empresarios catalanes en dos hoteles de Barcelona para documentar el 3%
El Princesa Sofía y el Gran Marina son escenario de encuentros reservados entre agentes de paisano y ejecutivos implicados en el pago de comisiones a Convergència
Dos hoteles de lujo de Barcelona se han convertido, desde hace unas semanas, en el centro de encuentros discretos entre la Policía y empresarios catalanes implicados en la financiación ilegal de Convergencia.
Según ha sabido El Confidencial Digital, a través de fuentes conocedoras de estas citas, la mayoría de estos ejecutivos están exigiendo máxima discreción a las Fuerzas de Seguridad para no ser identificados y señalados por miembros de la Generalitat o de Convergencia.
Por ello, las reuniones que se están concertando se están desarrollando en selectos establecimientos hoteleros de la capital Condal. Se cita, por ejemplo, el hotel Gran Marina y el Princesa Sofía como dos de los lugares donde se están celebrando estos encuentros reservados.
La elección de lugares discretos para estos encuentros tiene una explicación de fondo. Algunos de los empresarios que comenzaron a denunciar estas prácticas, hace más de un año, han sufrido posteriormente fuertes represalias. Denuncian, en concreto, que han sido amenazados y han quedado fuera de las concesiones de la Generalitat.
Primeros empresarios que pactaron bajo cuerda
Tal y cómo se contó ECD, el pistoletazo de salida para que la Policía y la Agencia Tributaria comenzara a recibir información de empresarios catalanes sobre las actividades del clan Pujol Ferrusola fue la confesión del patriarca a finales de julio del año pasado.
A partir de ahí, estos altos ejecutivos, algunos nacionalistas desencantados, han ido aportando información sobre las ‘mordidas’ que les pedía la Generalitat a cambio de la adjudicación de obras públicas.
Hasta ahora, eran empresarios que habían quedado fuera de determinados procesos porque no se avinieron a una serie de condiciones que se les exigía a cambio de la prestación de servicios para el Govern.
Sin embargo, ejecutivos catalanes que admiten “haber pactado bajo cuerdo el pago de ciertas cantidades de dinero” para conseguir una adjudicación concreta han comenzado a colaborar intensamente con la Policía en el último mes.
Han decidido dar el paso ahora porque están convencidos de que el avance de la investigación sacará a la luz el nombre de sus empresas. Consideran que el hecho de haber colaborado con las autoridades puede contribuir después a rebajar considerablemente su responsabilidad penal en un futuro proceso judicial.
Identifican dónde se camuflaban las ‘mordidas’
La tarea de los empresarios está resultando fundamental para identificar bajo qué concepto, dentro de las ofertas que presentaban a los concursos públicos, se abonaban estas comisiones ilegales. Confirman que algunas de ellas son muy complicadas de descifrar.
Por ello, determinadas compañías que se beneficiaron de obras licitadas por la Generalitat de Cataluña están detallado a la Policía el procedimiento que seguían.
Han revelado, por ejemplo, que una de las denominaciones que se les exigía utilizar en los presupuestos que presentaban era la de “IVA o impuesto secesionista”. Era el concepto que, en algunos casos, camuflaba la presunta comisión del 3% para la financiación de Convergencia.
Transferencias de dinero público a cuentas privadas
Fuentes próximas a uno de los demandantes asegura incluso a ECD que alguno de estos directivos ha declarado que desde la Generalitat se facilitaba un singular número de cuenta para realizar estos pagos. Una cuenta corriente nada habitual.
Una circunstancia que, apuntan, les ha llevado también a alertar sobre posibles transferencias de dinero a cuentas privadas, incluso en el extranjero.
Las empresas que están colaborando con la Policía
Constructoras y empresas de servicios, adjudicatarias de grandes contratos de la Generalitat y de Ayuntamientos gobernados por Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), copan el listado de los principales donantes de la fundación CatDem, vinculada al partido de Artur Mas.
Hasta ahora, se ha conocido que las donaciones de estas compañías han superado los tres millones de euros entre 2008 y 2013, años investigados por la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto pago de comisiones ilegales del 3% por parte de la firma Teyco.
La investigación en cuestión motivó el registro policial de la sede de CDC el pasado 28 de agosto. La constructora Copisa, con 580.000 euros, es la mayor donante de la fundación. El Grupo Agbar la supera si se tienen en cuenta sus múltiples filiales con actividades relacionadas con la gestión de aguas en Cataluña. Ese grupo donó más de 710.000 euros.
