Dinero

Alerta de que la prolongación del 155 está enrareciendo el ambiente

Soraya hará la vista gorda con los funcionarios de la Generalitat que financian el exilio de Puigdemont

El Gobierno defiende que “un prófugo de la Justicia no puede vivir del dinero público”, pero la vicepresidenta cuestiona que se les pueda sancionar por dar parte de sus sueldos

Carles Puigdemont.
photo_cameraCarles Puigdemont.

El Gobierno ha anunciado que garantizará que “no se destina ni un euro de dinero público a sustentar las actividades de un prófugo de la Justicia”, en referencia al “huído Puigdemont”. Pero Sáenz de Santamaría tiene claro que los altos cargos de la Generalitat que ceden parte de su sueldo al ex president no pueden ser sancionados.

En cualquier caso, Moncloa está convencida de que finalizará con éxito las pesquisas para conocer cuál es la fuente de financiación del líder independentista

Lleva varios días investigando cómo está financiando Carles Puigdemont su estancia en Bélgica. El ex president se fugó a Bruselas junto a cinco de sus consejeros a finales de octubre de 2017 con el objetivo de escapar a la acción de la Justicia española.

Desde entonces, Puigdemont ha ocupado primero un apartahotel y ahora un chalet en Waterloo, desde donde continúa participando activamente en la política catalana.

No impedirá que los altos cargos compartan su sueldo

Sin embargo, según ha podido confirmar El Confidencial Digital por fuentes próximas a La Moncloa, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha descartado recurrir al artículo 155 de la Constitución para multar o cesar a los altos cargos que están financiando el día a día de Puigdemont y del resto de los independentistas huidos.

Considera que el Ejecutivo central debe evaluar a cada uno de los funcionarios de la Generalitat por su desempeño laboral y no por la ideología que profesen en privado. Es el mismo criterio que adoptó tras la intervención de la Generalitat, cuando tuvo entonces que elegir qué altos cargos y qué funcionarios seguían o no en sus puestos.

Los ingresos de los funcionarios ya no son dinero público

En este asunto, Sáenz de Santamaría lo tiene claro. Defiende que resulta complicado penalizar la decisión de estos funcionarios de la Generalitat sobre el destino de sus ahorros. Por tanto, aunque el mensaje lanzado por el Gobierno pueda parecer contradictorio, el mensaje que ha transmitido es que lo aconsejable es la prudencia”.

Argumenta, por ejemplo, que los partidos suelen exigir parte del sueldo a sus cargos públicos para financiarse. Una práctica que no tiene nada de ilegal.

Por ello, en el caso de estos funcionarios catalanes, se asume también que una vez que han cobrado ese dinero público se convierten en dueños del mismo y, por tanto, cada uno puede decidir en qué invertir esos fondos, que afectan ya a su propio bolsillo.

En el Gobierno admiten a ECD que “es una práctica que no gusta, pero que apenas se cuenta con margen de maniobra para evitarla”. Además, ha constatado que “cada día más de 155, el ambiente se va crispando y tensando con los altos cargos independentistas”. Por ello, “ni hablar ahora de ceses, purgas, ni nada que genere más ruido”, justifican.

Comentarios
Gratis
Quiero estar informado con el Boletín Diario en mi correo