Unidad sindical sin precedentes para forzar la jubilación anticipada de los 20.000 policías locales

Según destacan a El Confidencial Digital promotores de la reivindicación, todas las organizaciones sindicales, tanto de la Plataforma Nacional por el adelanto de la edad de jubilación de las Policías Locales y Autonómicas (que integra a los principales sindicatos de la función pública CCOO, UGT y CSI-F), como de la Plataforma Social de Policías Locales, participarán en la gran manifestación del 23 de mayo en Madrid.

Han acordado esta medida de presión para exigir al Gobierno que apruebe el decreto de adelanto de la edad de jubilación, actualmente bloqueado por el Ministerio de Hacienda.

Hasta ahora, destacan los promotores de la marcha, se habían convocado concentraciones en las sedes del Gobierno y también se ha desplegado una “persecución” de cargos del Ejecutivo en diversos actos... Pero han sido unas acciones en las que no han participado todas las plataformas.

Un nuevo incumplimiento del Gobierno

La manifestación en Madrid se convoca después de que los sindicatos de policías locales descartaran sumarse en febrero a las movilizaciones de funcionarios y fuerzas de seguridad del Estado, convocadas al calor de la ola de reclamaciones salariales.

En aquel momento, el Gobierno se había comprometido a desbloquear el decreto en 20 días para aprobarlo en Consejo de Ministros en el mes de marzo.

Pero ese anuncio ha acabado en un nuevo incumplimiento del Ejecutivo después de que el Ministerio de Empleo hubiera prometido que los agentes que cumplieran los requisitos podrían dejar sus puestos en julio pasado. Sin embargo, tal y cómo se contó entonces en ECD, el texto ni siquiera había salido del departamento de Fátima Báñez.

El proceso legislativo exige el dictamen favorable del Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo del Ejecutivo, antes de ser aprobado por el Consejo de Ministros.

Seis meses paralizado por Hacienda

Los representantes de los policías locales conocen que la Secretaría General Técnica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social concluyó, en la segunda quincena del pasado mes de octubre, el informe para continuar con la aprobación del real decreto que establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los agentes.

En aquel momento, Empleo solicitó al Ministerio de Hacienda la pertinente autorización como paso previo para la remisión del expediente al Consejo de Estado que debe elaborar el informe preceptivo antes de su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros. Pero los agentes han vuelto a denunciar este martes un retraso de seis meses.

Nueve meses para llegar al Consejo de Estado

Anteriormente, el decreto permaneció otros tres meses en la fase de estudio de la comisión técnica. En total, por tanto, acumula más de nueve meses entre ambos ministerios.

Desde Empleo insistían en que se estaban cumpliendo los plazos habituales para la aprobación de un proyecto de decreto ley. Defendían que la Secretaría General Técnica de la Secretaría de Estado de Seguridad Social estaban analizando las alegaciones presentadas por los sindicatos, que habían llegado al Ministerio la primera semana de julio.

Hasta un ultimátum por carta a Montoro

A finales del año pasado, los efectivos de la mayoría de grandes ciudades del país que se encuentran al borde de la jubilación comenzaron a organizarse y remitieron una carta al ministro Cristóbal Montoro.

Los sindicatos policiales solicitaron que les confirmase que el real decreto se aprobaría en el mes de enero, de forma que ya en marzo se pudieran acoger a la medida, de forma voluntaria, todos los agentes que lo deseen y cumplan los requisitos legales exigidos. Pero desde entonces, los agentes no han vuelto a ser informados de más detalles.

Pero sí consideran que Montoro es quien puede lograr que el procedimiento se desatasque, avance en su penúltimo trámite y pueda culminar con su definitiva aprobación. El mensaje que le han trasladado es claro: aplicación inmediata, de una sola vez, y en una fecha límite.

Hay que tener en cuenta que la norma no entrará en vigor hasta el primer día del mes siguiente de ser aprobada por el Consejo de Ministros. La estrategia pretende evitar que el Gobierno imponga, en el último momento, el plan de retirada gradual en tres años que ellos llevan tiempo rechazando.

20.000 policías están pendientes del decreto

Se calcula que alrededor de 20.000 policías locales se encuentran en ese situación, aproximadamente el 10% de la plantilla de toda España.

Ahora, un policía local puede retirarse a los 60 años con tal de que haya cotizado durante 35. El decreto contemplará que puedan beneficiarse de un coeficiente de bonificación de 0,20 puntos al llegar esa edad y retirarse cobrando la pensión completa.

Es una fórmula similar a la que desde 2010 ya se aplica a los 8.000 agentes de la Ertzaintza.