Abogados del Estado ridiculizan el informe jurídico sobre la financiación autonómica

La financiación autonómica sigue dando problemas a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El martes, el PP registró una batería de preguntas y solicitudes en el Congreso para que el Gobierno les remita todas las comunicaciones que haya habido entre Hacienda y la Abogacía del Estado.

Y es que los ‘populares’ no se fían del informe que los servicios jurídicos del Estado remitieron a Hacienda y con el que Montero justificó el retraso del pago de 4.736 millones a las comunidades autónomas. Las regiones se lo pidieron durante tres meses y se hizo público a través de El País.

La conclusión del dictamen era que un Gobierno en funciones no puede tomar decisiones políticas que afecten al futuro Ejecutivo, e incluía la transferencia a las autonomías en este tipo de acciones.

"Ridículo"

Pues bien. Confidencial Digital se ha puesto en contacto con varios abogados del Estado para recabar su opinión sobre el citado informe y comprobar si están de acuerdo con el mismo.

Sus respuestas han ido en la misma dirección: se trata de “una chapuza”, “un despropósito” e incluso “una basura”. Esgrimen, sobre todo, dos argumentos para rebatir ese informe que por el momento tiene en jaque a las comunidades autónomas.

Contradicción

En primer lugar, señalan que existe una contradicción interna en el texto. En la tercera página, se hace referencia al artículo 11.2 de la ley 22/2009 de financiación autonómica, que establece lo siguiente: “para la determinación de las entregas a cuenta (…) se utilizarán las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de la Ley de presupuestos generales del Estado del ejercicio que corresponda”.

Sin embargo, el abogado del Estado no vuelve a hacer referencia a este artículo en las diez páginas siguientes, “un despropósito” para varias de las fuentes consultadas por ECD.

Opinan que, antes de llegar a ninguna conclusión, debería haberse rebatido con argumentos jurídicos este supuesto, máxime cuando se ha citado expresamente al inicio del informe y cuando, en efecto, existe ese anteproyecto de ley. Se trata de los presupuestos de Pedro Sánchez que fueron rechazados en el Congreso y que condujeron a las elecciones del 28-A.

"No es una decisión política"

Por otro lado, las mismas fuentes señalan que el informe se excede cuando califica de “decisión política” las entregas a cuenta de los recursos que deben recibir las comunidades autónomas.

“Cumplir la ley no es ninguna decisión política”, señalan, ya que se trata de “ajustarse escrupulosamente” a la norma de financiación 22/2009. Argumentan que, de tratarse de una medida de carácter ideológico, “todos los partidos irían a los mítines presumiendo de haber ordenado la transferencia prevista” a las autonomías, algo que tildan de “ridículo”.

"Sí o sí, en diciembre"

Cabe recordar que Montero aseguró el martes al presidente de las Isla Canarias, el socialista Fernando Clavijo, que las comunidades autónomas recibirán “sí o sí” antes de diciembre los fondos pendientes.

Por su parte, la Generalitat de Cataluña ya ha anunciado acciones legales contra el Gobierno por su incumplimiento.