Las administraciones públicas tendrán que pagar a pymes y autónomos antes de 30 días. El Gobierno aplicará multas muy elevadas si hay negociaciones entre las dos partes para aplazar la deuda
Los proveedores de la Administración, especialmente pymes y autónomos, tendrán que cobrar antes de 30 días. Esta es la exigencia clara que el Gobierno ha impuesto a todas las empresas y organismos del Estado a partir del 1 de enero. El ministerio de Hacienda aplicará sanciones muy altas a las instituciones y sus proveedores si pactan en secreto un aplazamiento de la deuda.
Según ha sabido El Confidencial Digital de fuentes del Gobierno, los organismos públicos tendrán que pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días y, en ningún caso, las partes podrán acordar una ampliación de este periodo.
Incluso, en el departamento que dirige Cristóbal Montoro se están perfilando ya sanciones económicas muy altas para disuadir esas prácticas.
La normativa se aplicará a todos los pagos efectuados como contraprestación en las operaciones comerciales realizadas entre empresas y la Administración, así como las efectuadas entre los contratistas principales y sus proveedores y subcontratistas.
El resto de empresas podrán pagar a 60 días
Además de las Administraciones Públicas, que tendrán que pagar a 30 días, también el sector de la alimentación y los productos perecederos quedará obligado a efectuar los abonos en ese plazo.
Para el resto de empresas al margen del Estado, el plazo será de 60 días. En 2011, el periodo se determinó en 85 días; en 2012, en 75; y, en 2013, se deberá reducir a 60 días.
Pagar el IVA tras cobrar la factura
Por otro lado, el Gobierno mantiene su compromiso de aplicar la reforma del IVA para que los autónomos no tengan que pagar este impuesto sin haber cobrado la factura, ya que, tal y cómo ha reiterado el ministro Montoro, la labor de los emprendedores no es "financiar" a las administraciones.
