Ana Botín evitará despedir a empleados vulnerables en el ERE del Popular

Ha exigido a los directivos de Santander España que dejen fuera de las salidas forzosas a trabajadores en riesgo de exclusión social

Sede del Banco Popular.
Sede del Banco Popular.

Ana Botín se ha propuesto aplicar un “ERE responsable” en el Popular. Es la consigna que acaba de lanzar a la cúpula de Santander España, que ha comenzado a elaborar los listados de empleados que deberán abandonar la entidad antes del próximo verano.

El Banco Santander acometerá, a mediados de este año, la reestructuración de la red comercial tras integrar el Popular, lo que implicará un ERE que, según distintas fuentes sindicales, podría afectar a unos 3.000 empleados de una plantilla total de 33.500.

Por el momento, el Santander y los representantes de los trabajadores firmaron en noviembre un protocolo de empleo en el que se fijaron las bases de lo que será el proceso de reestructuración laboral que la entidad llevará a cabo para completar la fusión con el Popular, adquirido en junio de 2017.

En ese acuerdo, la entidad que preside Ana Botín renuncia de forma expresa a tomar medidas traumáticas que supongan salidas forzadas.

Los procesos de reorganización serán voluntarios y las bajas “vegetativas”, desde “un escenario de igualdad y de no discriminación” de las carreras profesionales de los trabajadores. Además, no se tendrá en cuenta el banco de procedencia a la hora de terminar quién se vería afectado por esas salidas.

Incertidumbre sobre la cifra final de despidos

Por el momento, el Santander no ha querido dar cifras sobre el cierre de oficinas que se llevará a cabo después de la integración tecnológica de Santander España y Popular, argumentando que mientras eso no ocurriera no era posible saber el alcance del ajuste.

La entidad no ha planteado los ajustes que realizará, cuando presente el ERE para la plantilla sobrante de la integración de oficinas. Pese a que en la cúpula del Banco Santander reconocen a ECD que ya manejan las primeras cifras aproximadas de despidos, no han sido comunicadas todavía a los trabajadores.

Será la segunda reestructuración en la entidad, después de que en 2017 prescindiera de 1.000 empleados, la mayoría a raíz de salidas voluntarias en condiciones pactadas con los sindicatos.

Se evitará la salida de “empleados vulnerables”

Según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas al banco, la propia presidenta del Santander, Ana Botín, ha decidido implicarse personalmente en este proceso de reestructuración.

 

Sabe de la importancia de llevar a cabo un “ERE responsable”, en un momento de especial animadversión hacia la banca, para evitar un importante desgaste y daño reputacional a la entidad.

Hay que recordar que el frustrado fichaje de Andrea Orcel como consejero delegado se ha justificado oficialmente en que la entidad no está dispuesta a asumir el alto coste de su contratación (un bonus de 55 millones de euros), que calificó de “completamente inaceptable”.

El Santander valoró las consecuencias de este pago ante los futuros despidos por la absorción del Popular y a su posible utilización por los partidos de izquierda.

Con ese objetivo, ha exigido ahora, en una de las últimas reuniones con los altos ejecutivos de Santander España, que tienen que evitar a toda costa los despidos de personas consideradas como “empleados vulnerables”.

Es decir, la consigna de Botín es clara: tienen que excluir de las salidas forzosas a trabajadores en riesgo de exclusión social. Para ello, deben “revisar caso a caso” la situación personal y familiar de cada uno de los empleados que vayan a incorporarse a la lista de despidos para evitar escenarios traumáticos.

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