Las ayudas del Gobierno para la compra de coches diésel tienen truco: habrá que devolverlas vía impuestos

Pedro Sánchez acaba de presentar un plan de impulso de la automoción, que financiará con entre 400 y 4.000 euros la compra de un coche nuevo. Sin embargo, en el caso de los vehículos más contaminantes, esas subvenciones serán prácticamente recuperadas por el Estado el año que viene.

Hay que recordar que la cuantía de la subvención varía en función de las emisiones (será más baja para adquirir vehículos menos eficientes en términos contaminantes y alcanzará el máximo para los vehículos cero emisiones) y será obligatorio desguazar un coche de más de 10 años.

Esa es la receta con la que la Administración pretende relanzar las matriculaciones de automóviles tras el mazazo del coronavirus. En total, se destinarán 350 millones de fondos públicos.

Para ello, el Gobierno ha creado dos bloques de ayudas. Una es la dirigida a los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga -la segunda edición del plan Moves-, que tendrá más dinero del previsto inicialmente y alcanzará los 100 millones de euros.

La segunda, más polémica, es la recuperación del Plan Renove dirigida a todo tipo de vehículos, incluidos los propulsados por gasolina o diésel. El sector de la automoción demandaba que no quedaran excluidos de las ayudas y así ha sido.

Tendrán ayudas por un importe de 250 millones de euros, aunque condicionados, y 20 millones serán para camiones, según consta en el documento elaborado por el Gobierno.

El Estado recuperará las ayudas al diésel

Sin embargo, fuentes del sector del automóvil explican a Confidencial Digital que el que el Estado recuperará prácticamente la totalidad de las subvenciones al diesel en los próximos años con un aumento de la fiscalidad medioambiental.

Hacienda ya está trabajando en unos Presupuestos Generales del Estado, los de 2021, que contengan los incrementos tributarios derivados de la denominada fiscalidad medioambiental por la que se elevará el gravamen del diésel.

La nueva hoja de ruta de la alianza entre PSOE y Unidas Podemos, unida a la grave crisis que padece el sector del automóvil por las consecuencias del Covid-19, han motivado el replanteamiento de una medida que, en cualquier caso, terminará produciéndose a medio o largo plazo, pues se trata de una directriz de la Comisión Europea que España lleva años sin acatar.

La iniciativa contemplada en los fallidos Presupuestos Generales del Estado de 2019 consistía en suprimir la bonificación de la que actualmente disfruta el diésel, circunstancia que lo encarecería 3,8 céntimos por litro y elevaría entre 1,5 y 2 euros el coste de llenar el depósito, en función del vehículo. El gasóleo profesional habría quedado exento.

La propuesta llegó pocos meses después de que la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, lanzara su solemne anuncio de que “el diésel tiene los días contados”, y resultó polémica por su impacto generalizado en la población.

Un parque de automóviles envejecido

El argumento para subvencionar también ahora el diesel es que España cuenta con un envejecido parque de automóviles que ronda, de promedio, los 13 años. Y que esos vehículos, de gasolina o diésel, contaminan más que las actuales versiones de esas dos tecnologías.

De ahí que la primera condición impuesta por el Gobierno sea mandar al achatarramiento un coche de más de 10 años si alguien se quiere beneficiar de las subvenciones -será mayor si supera las dos décadas- y que el que vaya a adquirir esté entre el 45% más eficiente de la oferta.

Así, si un particular o un autónomo compra un vehículo con la etiqueta ambiental C de Tráfico, podrá recibir una ayuda gubernamental de 400 euros si ese vehículo tiene la etiqueta energética B y 800 si es A.

En el caso de un coche ECO (híbridos o de gas), las ayudas serán de 600 o 1.000 euros, respectivamente. Y para los cero emisiones, la subvención alcanzará los 4.000 euros.