80 ayuntamientos catalanes ganan al Estado y no pagarán a la Hacienda española
El Tribunal Superior de Justicia ampara a los municipios nacionalistas que aprobaron una moción para ingresar sus impuestos en la Agencia Tributaria de la Generalitat
Tormenta judicial para el Gobierno. Ha comenzado a perder en los tribunales las demandas contra los ayuntamientos catalanes que están practicando la insumisión fiscal, es decir, que se niegan a ingresar a la Hacienda española la recaudación de sus impuestos y lo hacen en la Agencia Tributaria catalana. El Ejecutivo se prepara para un aluvión de municipios que se sumen a la iniciativa.
La Delegación del Gobierno en Cataluña inició, hace unos meses, una ofensiva judicial contra los ayuntamientos que están practicando la llamadas soberanía fiscal. El punto de partida para presentar la demanda es el momento en el que el Estado no recibe de esas corporaciones el dinero de los tributos que liquidar corresponde dentro de los plazos establecidos. El dinero va a parar a los servicios de hacienda de la Generalitat
Fuentes del Gobierno a las que ha tenido acceso El Confidencial Digital, responde: “Pagar los impuestos a la Agencia Tributaria Catalana es hacerlo a una administración incompetente. Y si los impuestos no llegan a Madrid en tiempo y forma, el Estado tiene que actuar”.
80 sentencias judiciales en contra del Estado
La reacción de Hacienda ha sido acudir a los tribunales, buscando sentencias que obliguen a los ayuntamientos insumisos a cumplir la ley general.
Sin embargo, según reconocen las fuentes del Gobierno, el Estado ha perdido ya un gran número de estas demandas. Concretamente, acumula ya más de 80 casos de demandas que no han sido admitidas a trámite o resoluciones que dan la razón a las corporaciones que llevan varios meses sin liquidar los impuestos a las arcas estatales.
La argumentación básica del Tribunal de Justicia de Cataluña, y de otros juzgados de la región, amparando a los municipios nacionalistas es la siguiente: “La soberanía fiscal es una manifestación política, sin efectos jurídicos, y la actuación de los ayuntamientos es una forma de expresión política”.
Temor a un efecto llamada
En el Gobierno se reconoce que existe una enorme preocupación ante estas decisiones judiciales a favor de no ingresar al Estado los impuestos cobrados por los municipios. Califican esas resoluciones como “muy llamativas”, pero sobre todo alertan de que “sientan un precedente muy peligroso”.
La inquietud principal radica en que pueda producirse un efecto llamada, es decir, que les imiten otros ayuntamientos nacionalistas que no han decidido hasta ahora llevar a cabo esa acción, pero que se pueden animar ahora a la insumisión fiscal al observar que “existe total impunidad y que no pasa nada”.
Hacienda tiene identificados a los alcaldes
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican también que Hacienda tiene identificados y controlados a los alcaldes de los municipios que llevan meses practicando la insumisión fiscal.
El ministerio conoce las estructuras concretas que utilizan para ingresar los impuestos de sus trabajadores (IRPF) y el IVA a la Agencia Tributaria Catalana, en lugar de hacerlo a la Hacienda española.
Los impuestos que tienen que enviar a Madrid
Como es conocido, existen tributos cuya gestión corresponde al Estado pero de los que ha cedido a las autonomías un porcentaje de la recaudación. Entre esos impuestos se encuentran: la fracción autonómica del IRPF, una parte del IVA, y de los Impuestos Especiales de Fabricación sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas Fermentadas, sobre el Tabaco, Hidrocarburos, y el rendimiento cedido del Impuesto sobre la Electricidad.
Existen impuestos estatales cuya gestión y recaudación está cedida por completo a las comunidades autónomas, como son el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Sucesiones y Donaciones, el Impuesto Especial sobre determinados medios de transporte, sobre las Ventas Minoristas de determinados hidrocarburos y sobre el Juego.
