El fin del secreto bancario en Andorra duplica el negocio de los asesores fiscales en Cataluña
Llevan doce meses ayudando a inversores y particulares a regularizar las cuentas que tenían en el Principado
El 1 de enero de 2017, entró en vigor el fin del secreto bancario en Andorra, una medida para que el Principado no sea considerado en Europa un paraíso fiscal. Para ello, adoptó el estándar global para el intercambio de información financiera con países de la UE, modificación que también ha afectado al trabajo de los asesores catalanes.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, este año los asesores fiscales en Cataluña han superado las expectativas de negocio que tenían previstas. Contra su pronóstico, que era una disminución de clientes, han abierto una nueva línea de negocio.
Además de personas físicas, la norma afecta principalmente a las entidades andorranas. Y éstas han acudido a las asesorías fiscales para adaptarse a la nueva normativa, cosa que no había ocurrido hasta entonces salvo en contadas ocasiones.
Hasta hoy, los principales clientes de los despachos de asesoría fiscal eran particulares que deseaban sacar partido a sus cuentas en el Principado, cuando el secreto bancario aún era legal a ojos de la legislación andorrana.
Sin embargo, tras el acuerdo con la UE, las autoridades se han tomado en serio la lucha contra el blanqueo de capitales la relación con los países miembros de la UE, entre ellos España.
A partir del septiembre de 2018, la Hacienda andorrana comenzarán a enviar automáticamente a la Agencia Tributaria informes de las entidades del Principado sobre el titular de las cuentas, el beneficiario efectivo y las estructuras pasivas vinculadas a las mismas.
Un año para regularizarse
La banca del Principado ha tenido un año para recabar la información de sus clientes, ya que aunque la ley de intercambio automático entró en vigor en enero de 2017, se dio hasta septiembre de 2018 para que las entidades comenzaran a enviar informes sobre las cuentas de no residentes de más de un millón de euros con información del 2017.
En este contexto, las asesorías fiscales catalanas han duplicado sus clientes: además de particulares y empresas, ahora prestan servicios a los bancos, que quieren cumplir a rajatabla la nueva directriz.
Y es que las consecuencias en caso de que la ignoren son duras: si la Agencia Tributaria no recibe los informes con todos los datos debidos, abrirá automáticamente un procedimiento al particular afectado.
La cercanía del Principado con Cataluña ha facilitado que varios bancos hayan contactado con asesores catalanes. Sin embargo, advierten de que tras poner en orden la situación de los nuevos clientes, pueden perder negocio porque la llegada de la transparencia a Andorra signifique que los inversores necesiten menos servicios de asesoría.
Aún quedan particulares sin regularizar
Según ha sabido ECD de fuentes del sector, aún hay particulares que no han regularizado su situación y se enfrentan a importantes sanciones administrativas e incluso penales.
Dichas personas, tanto físicas como jurídicas, han alegado que la ley de amnistía fiscal, aprobada bajo el mandato de Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, no les daba suficientes garantías de seguridad jurídica, con lo que han decidido no regularizar su situación y ponerla al conocimiento de la banca andorrana.
Sin embargo, cunde el temor entre estas personas, que ven peligrar su estabilidad financiera a partir de septiembre, cuando la Agencia Tributaria empiece a recibir automáticamente los datos de todos los bancos de la Hacienda andorrana.
