Bankia lleva a su ‘dueño’ ante el Supremo por el rescate de las autopistas quebradas
El Tribunal ha admitido a trámite un recurso contencioso-administrativo contra el cálculo del Gobierno para indemnizar a las concesionarias. El banco se juega 350 millones en litigios
Bankia ha presentado ante el Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo contra la metodología aprobada por el Gobierno el pasado abril para calcular la responsabilidad patrimonial del Estado (RPA) por el rescate de nueve autopistas quebradas.
La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri estima que, en total, el impacto por posibles sentencias en contra en litigios en los que ha sido demandada por autopistas quebradas asciende a 351 millones de euros.
Bankia ya interpuso recurso contencioso administrativo contra los acuerdos del Consejo de Ministros de 13 de julio y 20 de julio de 2018, por los que se resolvieron los contratos de concesión administrativa de las autopistas R-2; R-3 y R-5; y El Campello.
El Gobierno ordenó la incautación de los avales de construcción emitidos por el banco. La entidad estima un riesgo asociado a este proceso de 95 millones de euros.
El recurso de Bankia se suma al que presentaron en junio, en nombre de los fondos acreedores de las nueve autopistas quebradas, las firmas Sociedades Titulización de Activos, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización SA y Kommunalkredit Austria AG, que compraron a la banca la mayoría de la deuda que soportaban las autopistas.
El Consejo de Ministros aprobó a finales de abril el acuerdo de interpretación del método para calcular la multimillonaria factura a la que deberá hacer frente el Estado por la quiebra de las concesionarias de las citadas autopistas, ahora en fase de liquidación y en manos de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (Seittsa).
En dicha metodología, el Gobierno cifra en un máximo de 3.305 millones de euros la RPA que habrá que abonar por las obras y expropiaciones acometidas en su día para su construcción y no amortizadas (vía peajes).
A esta cantidad se sumará el coste de modificaciones y obras adicionales que se acometieron en estas vías, pendiente de determinar, y se le restará las inversiones que se consideran necesarias para la "puesta a cero" de estas autopistas o coste de reposición, así como las expropiaciones pendientes de amortización y pagadas por la Administración.
Según una auditoría encargada a la empresa de ingeniería y consultoría Ineco, las autopistas rescatadas requieren inversiones de 370 millones.
En octubre de 2017, el Ejecutivo detalló en el plan presupuestario para 2018 remitido a Bruselas que el gasto en inversiones se vería afectado por la cobertura de más de 2.000 millones de la RPA derivada de los procedimientos judiciales de las autopistas de peaje que estaban entonces en concurso de acreedores.
La estimación se rebajó posteriormente a 1.800 millones de euros, mientras que los fondos acreedores la cifran en unos 4.500 millones.
Las autopistas que quebraron son la R-2 (Madrid-Guadalajara), la M-12 (Eje Aeropuerto), la R-3 (Madrid-Arganda del Rey), la R-4 (Madrid-Ocaña), la R-5 (Madrid-Navalcarnero), la AP-36 (Ocaña-La Roda), la AP-41 (Madrid-Toledo), la Circunvalación de Alicante y Cartagena-Vera.
