Los beneficiarios de la renta mínima que rechacen un trabajo perderán la ayuda
Es una concesión del Gobierno a la CEOE, que acaba de romper el pacto social, para que vuelva a la mesa de diálogo. Se revisarán cada tres meses las cuentas bancarias de los perceptores
La renta mínima vital, medida estrella del vicepresidente Pablo Iglesias, se aprobará este viernes en el Consejo de Ministros después de meses de intensas discusiones con el Ministerio de Seguridad Social. A última hora, el Gobierno ha incluido en la medida varias reclamaciones de la CEOE para intentar una reconciliación con los empresarios.
Los primeros beneficiarios comenzarán a cobrar la prestación a finales del mes de junio, según ha avanzado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. La ayuda será reconocida de oficio inicialmente a unos 100.000 hogares.
El Gobierno ha estimado que el coste de la renta mínima se elevará finalmente a unos 3.000 millones de euros al año, que serán financiados con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y beneficiará a unos 850.000 hogares. Podrá complementarse, además, con otras rentas salariales, así como con otras prestaciones de las autonomías.
Que la renta no sea disuasoria
Eso sí. El ministro Escrivá ha subrayado en las últimas semanas que esta prestación debe ser dinámica y para ello se han diseñado instrumentos precisos. Se habla de “itinerarios de inclusión, incentivos para ampliar el número de horas de trabajo o alcanzar un trabajo” con el fin de que la renta no sea disuasoria a la hora de continuar la búsqueda de un empleo.
El propio Ministerio de Seguridad Social define la renta mínima como una “prestación económica mensual para atender las necesidades básicas de personas que no disponen de recursos suficientes y que les ayuda a encontrar una salida laboral”.
Por ello, la ayuda va a estar condicionada a determinadas circunstancias y criterios. El menor cambio en alguno de estos parámetros podrá suspender el beneficio.
No se podrá rechazar un trabajo
Unas de las principales críticas de los empresarios a la renta mínima es que puede desincentivar la búsqueda activa de empleo. Al obtener cierto dinero del estado, se corre el riesgo de que los beneficiarios pierdan el interés por buscar trabajo y salir de su situación de pobreza.
Así las cosas, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras de la redacción de la medida que se debate este viernes en el Consejo de Ministros, los beneficiarios en paro, además de tener que estar inscritos como demandantes de empleo como ya se contemplaba, perderán la ayuda en caso de “rechazar un trabajo adecuado”.
Esta causa de cancelación del subsidio también afectará a los beneficiarios que se encuentren trabajando. Es decir, si el empleado rechaza cambios en las condiciones de empleo que conllevarían una mejora en el nivel de ingresos, es decir, un aumento que permitiría suspender el cobro al superar los umbrales, se le anulará la prestación.
Se revisarán las cuentas bancarias
Existe otro supuesto importante que supondrá la suspensión inmediata del cobro de la renta mínima: un aumento repentino del volumen de ingresos en la unidad familiar. Para ello, las fuentes conocedoras de la medida explican a ECD que cada tres meses se revisarán las cuentas bancarias de los beneficiarios.
Esto no equivale a obtener un empleo. Será compatible con la entrada en el mercado laboral. Si se comienza a trabajar y los ingresos son superiores a los máximos establecidos, se cancelará la ayuda. Si no se supera el límite, se podrá continuar cobrando la prestación.
El ingreso en centros residenciales públicos o privados, o en centros penitenciarios por tiempo superior a un mes, será otro de los motivos para dejar de percibir el subsidio.
También se podrá perder el cobro por irregularidades procedimentales, como no comunicar cambios en el nivel de recursos, ocultar información personal y la razón principal, ya destacada, de no estar disponible para un empleo que se adapte al perfil del beneficiario.
Es una cesión del Gobierno a la CEOE
Hay que recordar que los empresarios habían advertido que su apoyo a este salvavidas social pasaba por este requisito que debían cumplir los perceptores de esta prestación: buscar un puesto de trabajo.
Por lo tanto, este cambio de última hora se interpreta como una cesión del Gobierno a la CEOE, que dio por roto hace una semana el pacto social tras el anuncio del acuerdo de PSOE, Podemos y Bildu para la derogación íntegra de la reforma laboral a espaldas de los agentes sociales.
Representantes de la patronal han asistido en los últimos días a varias reuniones de carácter informativo con el Ministerio de Seguridad Social, aunque “con representantes de perfil técnico” para aclarar aspectos técnicos de la medida, según explican a ECD fuentes conocedoras de estos encuentros discretos.
Disposición a subvencionar contratos
Los empresarios también han reclamado que se subvencionen los contratos que las empresas firmen con perceptores de la renta mínima. Es decir, que el Estado premie a las empresas que contraten a los beneficiarios de esta prestación extraordinaria.
Según las fuentes consultadas por ECD, el Ministerio de Seguridad Social también está dispuesto a aceptar esta petición como “una manera de implicar al sector privado”.
Las empresas que ayuden a encontrar empleo o con descuentos a personas identificadas como vulnerables a través de la “tarjeta social” podrán obtener ventajas, por ejemplo, en las cotizaciones a la Seguridad Social mediante la concesión de un “sello social”. Se trata de “gestos”, reconocen en el Gobierno, para volver a tender puentes con la CEOE.
