Dinero

El abono tiene que producirse en marzo

El 155 bloquea la devolución de la paga extra de 2012 a los funcionarios catalanes

El Departamento de Economía argumenta que no puede aprobar un decreto al no haber Govern, pero tampoco ha planteado al Estado que autorice el pago directamente

Oficina de la Generalitat de Cataluña.
photo_cameraOficina de la Generalitat de Cataluña.

La intervención de la Generalitat de Cataluña por el artículo 155 de la Constitución se produjo sin grandes cambios en el transcurso cotidiano de la actividad de la administración autonómica. Sin embargo, los funcionarios catalanes se enfrentan al riesgo de esta situación les impida recuperar una paga extra que les fue retirada en 2012.

A partir de 2010 el Gobierno de España y distintos gobiernos autonómicos pusieron en marcha medidas de recorte del gasto en la plantilla de empleados públicos para embridar el déficit. Entre otras, aprobaron suspender distintas pagas extra a los funcionarios.

Pasaron los años, se redujo el déficit y se relajaron las exigencias europeas, y las administraciones fueron devolviendo a los funcionarios esas pagas que habían sido suspendidas. Sin embargo, en Cataluña los funcionarios de la Generalitat aún no han recuperado ni toda la paga extra de Navidad de 2012, ni las de 2013 y 2014.

El gobierno catalán ha ido devolviendo a plazos la paga de 2012. Queda un abono pendiente: el último, un 20,32% del total, que la Generalitat se había comprometido a abonar a los funcionarios en marzo de 2018. Pero ha surgido un contratiempo.

La Generalitat se escuda en el artículo 155

Así lo ha podido confirmar El Confidencial Digital por fuentes de dos sindicatos de funcionarios de la Generalitat de Cataluña, CSI-F (Central Sindical Independiente de Funcionarios) y CATAC (Candidatura Autònoma de Treballadors de l’Administració de Catalunya).

El mensaje se lo transmitieron a los sindicatos, en una reunión reciente de la Mesa Sectorial de Negociación del personal de Administración y Técnico, representantes del Departamento de Economía de la Generalitat, el que gestionaba Oriol Junqueras antes de ser cesado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Es precisamente la aplicación del 155, y la intervención de la Generalitat por parte del Estado, el obstáculo que puede impedir que en marzo los funcionarios y los trabajadores de las empresas públicas de Cataluña no reciban esa cantidad aún pendiente de la paga extra de 2012.

Al menos así lo argumentaron desde el Departamento de Economía. En 2017 ya se devolvió la mayor parte de esta paga, y existía el compromiso del Govern para que en marzo de 2018 se abonara la última parte. Pero para que ese pago se realice debe oficializarse mediante un decreto que ha de aprobar el Govern de Cataluña. El problema es que actualmente no hay Govern que pueda aprobar ese decreto.

El Estado tendría que aprobarlo

Las fuentes consultadas de los sindicatos CSI-F y CATAC señalan que en la reunión antes citada el representante del Departamento de Economía explicó que el abono de esa última parte de la paga extra de 2012 está supeditado al Gobierno de España, al Ministerio de Hacienda, que es quien actualmente controla la caja de la Generalitat de Cataluña.

Lo que les sorprendió e indignó es que, pese a este hecho, el responsable de Economía de la Generalitat se mostró reacio a pedir autorización al Ejecutivo de Rajoy para poder pagar este dinero a los funcionarios y empleados públicos. Aunque no lo afirmó tajantemente como una decisión definitiva, dejó caer que los altos cargos del Departamento de Economía se inclinan por no dirigir esa petición al Estado.

Por tanto, si el bloqueo en el Parlament no se resuelve tras el aplazamiento de la investidura de Carles Puigdemont, y sigue sin formarse un nuevo gobierno autonómico de Cataluña, la devolución de esta parte final de la paga extra de 2012 estará en peligro.

Así lo entienden sindicatos de funcionarios: “Alguien tiene que autorizar el pago, pero para autorizarlo, alguien tiene que pedirlo”, es decir, reclaman que la Generalitat solicite al Gobierno de España que apruebe un decreto para canalizar el abono del dinero en marzo.

Si el Departamento de Economía no toma la iniciativa, los sindicatos se plantean movilizarse este mes de febrero: una campaña de cartas y manifestaciones, apuntan desde CSI-F, y desde CATAC barajan incluso adoptar medidas legales para que se cumpla el compromiso que adoptó en su día el Govern de la Generalitat con los funcionarios catalanes.

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