Bruselas obligará a Pedro Sánchez a un recorte de las pensiones antes de las elecciones
Como tarde el 1 de enero de 2023, deberá haber aprobado el aumento a los 35 años de cotización y la subida de la base máxima como condición para recibir los últimos 17.000 millones de los fondos europeos
El Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales para una primera fase de la reforma de las pensiones. Pese a los mensajes triunfalistas del Ejecutivo por el pacto, las medidas se quedan cortas para Bruselas, que ya ha transmitido a España que los cambios más duros –que ahora ha obviado- deben estar aprobados antes de 2023.
El acuerdo ha llegado también entre las advertencias de los expertos sobre la falta de ambición del Ejecutivo español para equilibrar un sistema abocado a soportar muchos más gastos que ingresos por el envejecimiento de la población y la precariedad del mercado laboral.
La estrategia del Gobierno de dividir en dos fases la reforma ha levantado, de hecho, una oleada de críticas por dejar las medidas más urgentes y duras para más adelante.
Un planteamiento que tampoco ha gustado en Bruselas, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes comunitarias, pese al triunfalismo con el que el Gobierno ha vendido el acuerdo en las últimas horas. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha llegado a hablar de “una reforma para los próximos 30 años”.
Aumento a los 35 años de cotización
Sin embargo, fuentes próximas a la Comisión Europea explican que, en medio de este logro del diálogo social, la UE ha advertido a España que la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión hasta los 35 años, que ha quedado fuera del actual acuerdo, debe entrar en vigor como fecha límite el 31 de diciembre de 2022.
En la cúpula económica del Gobierno no se pasa por alto que, durante la elaboración del Plan de Recuperación para los fondos europeos a finales del año pasado, se filtró a la prensa un borrador de la reforma, elaborado por los técnicos de la Seguridad Social, que incluía esa medida.
Un recorte de la pensión del 6,3%
El escándalo fue monumental. No solo porque el asunto no se había debatido con los agentes sociales, sino porque en el mismo documento se admitía que la medida supondría un recorte de la pensión del 6,3%. El rechazo no solo sindical y empresarial, sino también social y político fue tal que el ministro José Luis Escrivá tuvo que aparcar el asunto.
Ahora, el acuerdo que han alcanzado Gobierno y agentes sociales no incluye ninguna referencia a esta medida. Pese a ello, las fuentes comunitarias consultadas por ECD advierten que Bruselas se muestra inflexible: exigirá la adaptación del periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales antes del 1 de enero de 2023.
Subida de la base máxima de cotización
Otra de las medidas que Europa ha echado en falta dentro de este primer paquete de la reforma es el incremento de la base máxima de cotización a la Seguridad Social y la adecuación de la pensión máxima del sistema.
Hay que recordar que la patronal se ha negado hasta ahora a incrementar los costes laborales en plena crisis provocada por la pandemia.
Así las cosas, el Ejecutivo ha accedido a aparcar sus planes sobre esta materia, pero la UE ha recordado también a España que la medida debe entrar en vigor, a más tardar, el 31 de diciembre de 2022, con el fin de “aumentar la progresividad del sistema de pensiones y los ingresos globales”.
Fuentes del Gobierno destacan a ECD que la intención es acometer la subida gradual de la base máxima de cotización en un plazo de 30 años, lo que implicará un aumento de la presión fiscal sobre los salarios más elevados.
Eso sí. En paralelo al conocido como ‘destope’ de las cotizaciones, consistente en ese alza de las bases máximas de cotización que el ministro de Seguridad Social ya negocia en el marco del diálogo social, se acometerá en el periodo un aumento de las pensiones más altas.
El enfoque del Gobierno choca con la UE
El enfoque del Gobierno ha chocado con los planteamientos de la Comisión Europea. La UE ya advirtió a España en sus comentarios sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia sobre los “costes extra” que podrían generar las negociaciones abiertas con los agentes sociales en materia laboral y de pensiones.
En Bruselas se rechaza que se vaya a desmontar la reforma de 2013, que fue impuesta por las instituciones europeas al entonces Gobierno de Mariano Rajoy, en medio además de un proceso en el que la llegada de fondos europeos depende del cumplimiento de las recomendaciones de país que formula la UE.
Condición para los últimos 17.000 millones
De hecho, en cuanto a los desembolsos de pagos, Moncloa prevé que se inicien con un pago de 9.000 millones antes del mes de agosto, a los que se sumarían otros 10.000 millones en la segunda parte del año.
Tras esto, habrá otros desembolsos: 18.000 millones en 2022 y de 17.000 millones en 2023. Es decir, el 80% de las transferencias se concentrarán en el periodo 2021-2023.
Precisamente, las fuentes de la Comisión Europea consultadas confirman que el último tramo de 17.000 millones en 2023 ha quedado condicionado a la aprobación del aumento a los 35 años de cotización para el cálculo de la pensión y la subida de la base máxima.
2023 apunta a un año de ciclo electoral
Fuentes del Gobierno reconocen a ECD que el calendario de Bruselas complica el horizonte electoral trazado por Pedro Sánchez. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, había diseñado una reforma de las pensiones en dos fases, ambas con recortes, aunque el grueso del hachazo se proyectaba posponer a la próxima legislatura.
En cambio, los plazos marcados por la UE como condición para recibir los últimos 17.000 millones de los fondos europeos exigen adelantar el recorte en pensiones a finales de 2022.
Esto significa que el Ejecutivo acudirá a las urnas después haber aprobado una medida impopular. Salvo que Pedro Sánchez decida adelantar las elecciones generales unos meses por este motivo, y no opte por agotar la legislatura que llega hasta 2023, tal y cómo ha defendido hasta el momento.
En cualquier caso, el Gobierno de coalición formado por PSOE y Unidas Podemos no podrá esquivar el posible ‘castigo’ en las elecciones municipales y autonómicas, que se celebrarán el último domingo del mes de mayo de 2023.
