Calviño contra Iglesias: Economía rebajará el proyecto de ley que limitará los alquileres

La vicepresidenta esperará a que llegue a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que ella preside, para recortar las medidas impulsadas por el líder de Podemos

Limitar el precio de los alquileres era la última baza que le quedaba al vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, para sacar ante su electorado rédito político de la negociación presupuestaria, y no dudó en utilizarla hasta el final. Sin embargo, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, amenaza con rebajar el alcance de la medida.

El líder de Unidas Podemos consiguió, horas antes de dar su visto bueno y aprobar el proyecto de Presupuestos en el Consejo de Ministros, un compromiso de Pedro Sánchez para materializar la normativa sobre alquileres y, de paso, eliminó de un plumazo todas las resistencias que se había encontrado hasta entonces para sacarla adelante, incluidas las de Calviño.

Rebajar el control de los alquileres

La ley se llevará al Consejo de Ministros en un plazo máximo de tres meses, y se presentará en el Congreso de los Diputados en un máximo de cuatro. Pero todavía falta concretar cómo se articulará la citada limitación en los precios.

En ese punto, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes de la cúpula económica del Gobierno, Calviño tiene intención de rebajar el alcance de las medidas promovidas por Pablo Iglesias para controlar los alquileres.

Preside la Comisión de Asuntos Económicos

En el entorno de la vicepresidenta recuerdan que el proyecto de ley deberá pasar por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, que preside Calviño, y que es la antesala del Consejo de Ministros.

En la dirección de Podemos insisten en que el acuerdo con el PSOE recoge por ahora las exigencias de la formación morada.

El pacto apunta a que se podrán declarar zonas de mercado tensionado, “de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas del alquiler”.

En esas zonas “se establecerán mecanismos de contención o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes en función de los sistemas de índices de referencia”.

También recoge que “en todo caso, y en relación con la información obtenida por los sistemas de índices de precios de alquiler, se contendrán las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior y acotando los incrementos permitidos a las situaciones que se contengan en la ley de vivienda”.

Iglesias marca de cerca a Ábalos

Según las fuentes consultadas por ECD, Nadia Calviño va a tratar de imponer su criterio. Alertará de los riesgos para España si se interviene el mercado, y buscará convencer a Pedro Sánchez de que descarte el proyecto, que ya han comenzado a redactar los equipos técnicos de Pablo Iglesias y de José Luis Ábalos.

La Vicepresidencia Segunda se ha incorporado como parte activa en la tramitación de la Ley de Vivienda que prepara el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que será el vehículo legal que articule la limitación en los arrendamientos. Hasta ahora, el ministerio dirigido por Ábalos era el único responsable de dicha norma.

Fuga masiva de fondos de inversión

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que, en el marco de la ofensiva de Calviño para acabar con el proyecto, los técnicos de Economía van a advertir a Moncloa y a Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de una inmediata fuga masiva de grandes fondos de inversión internacionales, si España interviene los precios del alquiler.

Hay que recordar que el presidente de Blackstone en España, Claudio Boada, ya avisó hace unos meses de que los planes de Podemos se observaban con preocupación desde la industria de los fondos de inversión.

En un desayuno organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Boada recordó, en presencia de la propia Nadia Calviño, que Blackstone había invertido en los cinco últimos años 25.000 millones en el sector inmobiliario español, cuando nadie apostaba por él.

“Y todavía no nos hemos ido”, lanzó también, a modo de reto, para después puntualizar que su intención era “seguir en España”, pero que, si el Gobierno aprobaba en el mercado del alquiler algunas de las reformas más intervencionistas planeadas, podrían retirar sus inversiones.