Dinero

Caos en ayuntamientos de toda España por la nueva ley del alquiler que prepara el Gobierno

Alcaldes del PSOE y PP coinciden en que la normativa es confusa y no aclara qué ciudades tienen que aplicarla, en qué zonas, cuáles serán los precios de referencia…

Vivienda en alquiler
photo_camera Vivienda en alquiler

El desconcierto se generaliza en grandes y medias ciudades españolas ante la llegada de la nueva legislación estatal que se gesta entre los pasillos de La Moncloa para establecer límites a los precios de las viviendas del alquiler en España.

Datos de Fotocasa consultados por Confidencial Digital muestran cómo el coste de los alquileres en España se ha duplicado en tan solo cinco años.  Desde junio de 2015 las subidas de los precios se han producido en un gran número de regiones como la Comunidad Valenciana (68%), Cataluña (50%), Madrid (57%) y las Islas Canarias (56%).

De media en todo el país se ha incrementado un 52% el precio por metro cuadrado que ha pasado de 7,13 euros en 2015 a 10,82 en 2020.  En consecuencia, el coste mensual para los españoles que vivan en una vivienda de 90 metros cuadrados ha pasado de 640 a cerca de 980 euros en apenas cinco años.

En reacción desde el Gobierno tratan ahora de regular el mercado a través de la nueva Ley de Vivienda en la que trabaja el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos.  Una norma que trae de cabeza a Pedro Sánchez y que le ha valido más de una crítica por parte de los alcaldes de las grandes ciudades que serán quienes tengan las competencias para limitar los precios y quienes se muestra desconcertaos sobre el cómo proceder. 

Las primeras quejas llegan a cuenta del delegado de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, Mariano Fuentes, quien ha confirmado que en la capital no se van a seguir ‘en ningún caso’ las directrices de Moncloa para regular los precios del alquiler.  

El coronavirus ha provocado una caída generalizada de los precios del alquiler desde el verano.  Entre septiembre y octubre el descenso de los precios ha sido más pronunciado en distritos altamente gentrificados como Latina, Centro o Puente de Vallecas.  Pese a ello, zonas como Fuencarral, Barajas u Hortaleza han recuperado insulso con subidas de precios de entre el 0,4 y 1 por ciento según los últimos datos de Fotocasa.

"No encontramos ni un aspecto positivo a esta regulación, atenta contra el libre mercado, el comercio y contra principios fundamentales” ha asegurado Fuentes en un coloquio.  

Una afirmación que recogen y repiten en Zaragoza.  En el consistorio de la capital aragonesa fuentes de la concejalía de vivienda confirman a Confidencial Digital que la dinámica de precios ‘no se va a relajar limitando los precios’.

‘Una restricción de precios puede beneficiar momentáneamente a arrendatarios ya alquilados pero siempre perjudicará a los futuros’ apuntan estas fuentes que creen que la apuesta debe estar en una aumento del parque de viviendas ya que ‘más viviendas provocan una bajada de los precios’.

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Socialistas en liza

Las ciudades gobernadas por el PSOE admiten el desconcierto ante la nueva realidad que prevé poner en marcha el Gobierno y aseguran que tampoco tienen claro cuál será el criterio a seguir para imponer los límites en sus respectivos municipios. 

En Toledo fuentes municipales aseguran a ECD que no quieren entrar a valorar las nuevas normativas que se están negociando a medio camino entre Moncloa y el Congreso de los Diputados aunque se muestran confiados en no tener que ejecutar órdenes de limitación de los precios del alquiler ya que aseguran que el mercado inmobiliario en la capital castellano manchega ‘no está muy tensionado’.

Desde Valladolid el concejal de Vivienda, Manuel Saravia, confirma a este periódico la intención aplicar la ley estatal 'cuando se promulgue’.  Pese a ello, comenta una serie de medidas que ya están en vigor en la capital de Castilla y León como alquileres reducidos al 30% en función de los ingresos de los hogares o el programa Alquiler Valladolid con el que facilitan el acceso a la vivienda a precios un 30% inferior a los de mercado.

En la misma línea firman otros consistorios en manos socialistas como Logroño o Santiago de Compostela.  Fuentes en la capital gallega dicen no tener claro ‘todavía’ cómo actuar pese a que confirman su ‘lealtad y respeto institucional por encima de los intereses partidistas’. 

Compromiso de la coalición

Recordemos que la limitación de los precios del alquiler fue una de las negociaciones que más tensión creó en el seno del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado.  

Los socialistas mantuvieron hasta el último minuto sus reticencias a meter la mano en un sector tan complejo como el de la vivienda.  Sin embargo, para Unidas Podemos era un paso indispensable poder introducir una nueva regulación del precio de los alquileres para sacar adelante las nuevas cuentas públicas.

Una posición que los morados defendieron a capa y espada ante Sánchez a quien terminaron sometiendo en Moncloa y que ha fomentado el acercamiento de posiciones con ERC y EH Bildu.

¿Funciona en Cataluña?

En opinión del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, el ‘ejemplo a seguir’ es el que puso en marcha el pasado mes de septiembre la Generalitat de Catalunya en 60 municipios de la región donde habían observado una ‘falta de vivienda asequible’.

La ley de regulación de contratos de arrendamiento aprobada por el Parlament puso sobre la mesa multas de hasta 90.000 euros para quien incumpliera la nueva normativa de precios establecida por la Agencia de Vivienda de Cataluña.

No obstante, y según tiene previsto aprobar el Gobierno, en el supuesto de que la falta de vivienda se concentre en determinados barrios o distritos de las ciudades, el límite a los precios únicamente se aplicará en esa zona sin que ello afecte al resto del municipio.  

El requisito principal es que se califique como ‘tenso’ el mercado del alquiler en la ciudad en cuestión.  En definitiva, que el precio del alquiler supere el 30% de los ingresos habituales de la renta media de las personas menores de 35 años del municipio.  También las restricciones se limitan al crecimiento sostenido de los precios tres puntos sobre el IPC en los últimos cinco años.

Con todo y con ello, desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (ASVAL), patronal que representa a particulares y fondos de inversión propietarios como Blakstone, aseguran que esta legislación ha provocado un repunte de los precios del alquiler en la comunidad autónoma catalana de un 1% durante el mes de septiembre.

En su opinión la norma ha frenado el mercado del alquiler en Cataluña y el acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento.  

¿Cómo es el modelo en Europa?

Atendiendo a un informe del Banco de España en el que se analizaban las políticas públicas en el mercado del alquiler de la vivienda en el resto de países de la Unión Europea se puede sentenciar que la medida más eficaz para poner un tope a la escalada de precios es hacer una provisión pública de vivienda con alquileres a precios asequibles.

El organismo supervisor admite que el control de los precios puede ‘resultar atractivo a corto plazo’ aunque advierte de los efectos adversos ‘potencialmente significativos’ en el mismo momento en el que las medidas se extienden en el tiempo. 

A lo largo y ancho del continente europeo se observan medidas de intervención pública en el sector inmobiliario desde hace años.  En Suecia, por ejemplo,  todo se reduce a un libre acuerdo entre propietarios e inquilinos sujetos a una negociación colectiva que afecta al conjunto del mercado.  En consecuencia, se ha producido una lista de espera interminable para acceder a los pisos de alquiler. 

En Francia la limitación actual entró en vigor en verano de 2019 y se prolongará hasta 2023 regulando hasta entonces las subidas del alquiler a un 20% sobre el precio de referencia que se determina en función de la zona habitada y un sinfín de variables como la calidad de la vivienda o el año de construcción.

Por último, Alemania, uno de los últimos territorios europeos en dar luz verde a estos textos legales, ha vivido un sorprenderte aumento de los precios durante los últimos años.  En Berlín, donde la oferta se ha recortado y no hay suficientes casas para absorber la demanda, el número de viviendas en alquiler ha caído un 25% desde julio de 2019.  Por ello se ha promulgado un nueva ley, vigente durante los próximos cinco años, que impone un precio máximo y congela las rentas del alquiler además de prever sanciones económicas para aquellos propietarios que establezcan precios por encima del 20% de los límites del mercado.

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