Las cifras del caos en el SEPE: 3 millones de llamadas y 240 millones de visitas a la web
Desde la primera declaración del estado de alarma hasta final de 2020, se tramitaron 6 millones de prestaciones por ERTE y se evitaron 13,8 millones de desplazamientos para trámites de empleo
La epidemia de coronavirus que se extendió por España desde principios de 2020 llevó al borde del colapso al sistema de salud pública. Los hospitales se saturaron, las UCIs se llenaron de enfermos graves, y decenas de miles murieron por las complicaciones derivadas del Covid-19.
Si ha habido otro organismo público, aparte de la sanidad, que experimentó una situación límite durante el año pasado fue el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que tuvo que hacer frente a una avalancha de millones de peticiones para cobrar prestaciones como la de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).
Confidencial Digital ha consultado un documento oficial que revela algunos datos que muestran el nivel de actividad que tuvo que atender el SEPE, un organismo del Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz desde enero de 2020.
Se trata de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que dio respuesta a la reclamación de un particular que exigió determinados datos al SEPE, y que no quedó contento con la contestación que le dieron desde el Servicio Público de Empleo Estatal.
“Continuas disfunciones” en el SEPE
La consulta inicial de este particular -que parece ser un empresario- se basaba en la queja de que en el SEPE “se mantienen continuas disfunciones en el sistema de comunicación, tramitación, proceso y resolución en el ámbito de actuación de este organismo público”.
Esas disfunciones le estaba generando problemas con la Inspección de Trabajo, lo que a su juicio le estaban causando un perjuicio. “Por ello solicito que se facilite”, pidió este ciudadano, “el listado que recoja todas las incidencias sufridas en el sistema de comunicación, recepción, tramitación, formatos, conversión de formatos, demora en la tramitación y demora en la resolución o imposibilidad de resolución que haya sufrido el SEPE, desde el 13 de marzo de 2020 hasta la fecha, sean cuales sean las causas y extensión de dichos fallo”.
La respuesta del SEPE fue muy genérica. El solicitante recurrió ante el Consejo de Transparencia, que dio traslado de la queja al Ministerio de Trabajo, para que el SEPE presentara sus alegaciones ante esta reclamación.
Las explicaciones del SEPE fueron encaminadas a justificar que la situación extraordinaria de crisis motivada por la epidemia del coronavirus ha sobrecargado de trabajo a sus oficinas, lo que impide detenerse en elaborar una respuesta con todo el detalle solicitado por ese particular.
“Para hacerse una idea de la sobrecarga de trabajo que ha asumido este organismo desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2020”, el Servicio Público de Empleo Estatal aporta algunos “datos básicos de gestión provisionales” en ese período:
-- Nuevas prestaciones reconocidas: 8.834.500, de las cuales 6.228.759 corresponden a ERTEs.
-- Llamadas atendidas: 3.068.500.
-- Cita previa prestaciones: 6.923.500.
-- Desplazamientos evitados para trámites de empleo: 13.848.500.
-- Accesos (sesiones individuales):
+ web del SEPE: 110.000.000
+ sede electrónica del SEPE: 131.500.000
Cabe señalar que en el momento más duro de la epidemia, a mediados de abril de 2020, el Gobierno aseguró que 3,88 millones de trabajadores se encontraban en situación de Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Ahora eleva a 6,2 millones las prestaciones por ERTE reconocidas en 2020.
Aumento exponencial de los trámites
En vista de esos tres millones de llamadas atendidas, casi siete millones de citas previas para tramitar prestaciones, y los más de 240 millones de accesos a la web y a la sede electrónica del SEPE, añade el Servicio Público de Empleo Estatal que dichas cifras “como se puede comprender han incrementado exponencialmente las del mismo periodo del año anterior”.
Además, se tuvieron que “adaptar de urgencia los procesos de trabajo a la situación sanitaria, así como los nuevos procedimientos y cauces para gestionar los expedientes, tanto en la web y sede electrónica como en las 52 direcciones provinciales de este organismo”.
Por todo ello, concluyó el SEPE que “debe evidenciarse que no resulta posible conceder la información solicitada por el reclamante”.
Sobre todo, porque “si se debiera elaborar la información a conceder en base a la petición efectuada, ello conllevaría un carga de trabajo ingente, tanto para el personal de los servicios centrales como de las direcciones provinciales de este organismo, como consecuencia de la variedad de procedimientos, cauces de comunicación y unidades administrativas implicadas”.
Recordaba el SEPE en su respuesta que “conviene resaltar que aún nos encontramos en una situación complicada en el reconocimiento y gestión de la prestaciones, ya que los efectos de la pandemia en la economía y en el mercado de trabajo no han cesado, y que todavía concurre, en este momento, una sobrecarga de trabajo para el personal del organismo que tiene que dedicar todos sus esfuerzos al reconocimiento y pago de prestaciones por desempleo”.
“Situación extraordinaria”
El Consejo de Transparencia analizó tanto la petición del ciudadano que solicitó los datos, como los argumentos del SEPE para negarse a dárselos. Destacó que “fundamenta el SEPE su aplicación en que la información, tal como se solicita, no obra en poder del SEPE y no se obtendría con una mera agregación de datos, ni con una simple extracción directa de las base de datos de este organismo, sino que supondría una elaboración expresa, con aquellos datos que constasen, haciendo uso de diversas fuentes de información y con la correspondiente dotación de medios personales”.
La Ley de Transparencia obliga a las administraciones públicas a facilitar a los ciudadanos documentos e información -salvo ciertos casos en que sea recomendable no hacerlos públicos-, pero siempre que esa información esté disponible, y que por lo tanto no obligue a la administración a una tarea de “reelaboración”.
En base a ello, considera el consejo que “en el presente caso, aunque las causas de inadmisión deben ser aplicadas de manera restrictiva, coherente y proporcionada, puesto que la regla general es la de facilitar el acceso a la información pública y deben ser justificadas de manera clara, atendiendo a las circunstancias que se dan en el presente supuesto entendemos que nos encontramos ante un supuesto de reelaboración de la información y, por lo tanto, encuadrable en la citada causa de inadmisión”.
La información no está disponible, y además “se debe partir en el presente caso, tal y como explica el organismo pero es conocida por todos, de la sobrecarga de trabajo que ha asumido el SEPE desde la declaración del estado de alarma debido a la situación extraordinaria derivada de la crisis sanitaria Covid-19”.
No se dispone de toda la información
Teniendo en cuenta lo anterior, considera el Consejo de Transparencia que el SEPE justifica razonadamente que “no dispone de toda la información tal y como se solicita ni con el nivel de detalle que se solicita, por lo que, tendría que elaborar expresamente para dar una respuesta, haciendo uso de diversas fuentes de información, lo que como señala el mencionado Criterio constituye reelaboración”.
Acepta las alegaciones del SEPE, en el sentido de que “en el periodo inicial de presentación de solicitudes para la tramitación de las medidas extraordinarias de protección a los trabajadores en situación de suspensión temporal de contrato o reducción, se produjo la saturación del registro electrónico común de la Administración General del Estado que impedía la correcta recepción de solicitudes en el SEPE”.
Ante esa situación, “y ante la brevedad del plazo de esta medida extraordinaria, se habilitaron vías alternativas, como el correo electrónico”.
Por tanto, “al existir distintas vías -registro electrónico común y las direcciones de correo electrónico habilitadas en cada una de las 52 provincias y ciudades autónomas- además de tener que hacer uso de diversas fuentes de información para producir una información que no tiene”, la obtención de los datos solicitados sobre incidencias en todo el sistema del Servicio Público de Empleo Estatal “no sería sencilla, ya que no hay que olvidar los datos que facilita el SEPE en cuanto a que en el mes de abril se reconocieron prestaciones por ERTE a 2.563.893 personas en ERTE, en el mes de mayo a 3.887.280 personas en ERTE , y en el mes de junio a 2.840.735 personas en ERTE”.
De nuevo admitiendo los motivos del SEPE para no facilitar una lista detallada de todas las incidencias, Transparencia se hace eco de que “también se han registrado posibles incidencias en la tramitación de los procesos de actividad que con carácter mensual deben enviar las empresas con trabajadores afectados por procedimientos de reducción de jornada, a través de la aplicación de servicios para empresas Certifica2 (que tiene también sus propios procedimientos de validación)”.
Esas comunicaciones al SEPE son distintas de la comunicación previa de las medidas de despido colectivo, suspensión de la relación laboral y reducción de jornada prevista en la Orden ESS/982/2013, que se presentan en la sede electrónica del SEPE, “lo que, entendemos, implicaría ir analizando, además de las solicitudes todas y cada una de las citadas comunicaciones”.
“Conllevaría una carga de trabajo ingente”
El Consejo de Transparencia entiende que el volumen o complejidad de la información solicitada haría necesario un proceso específico de trabajo o de manipulación para suministrarla al solicitante, lo que conduce a considerar que la solicitud ha de inadmitirse como si estuviera ante un supuesto de reelaboración de información.
Esa circunstancia “ocurre en el presente supuesto, en el que recordemos, el SEPE facilita datos como, Nuevas prestaciones reconocidas: 8.834.500, de las cuales 6.228.759 corresponden a ERTEs; llamadas atendidas: 3.068.500; cita previa prestaciones: 6.923.500; o Accesos (sesiones individuales): web del SEPE: 110.000.000, y sede electrónica del SEPE: 131.500.000”.
Acepta el argumento del SEPE de que elaborar un documento con el detalle de todas las incidencias en la tramitación y reconocimiento de prestaciones desde el 13 de marzo hasta el 31 de marzo de 2020 “conllevaría un carga de trabajo ingente, tanto para el personal de los servicios centrales como de las direcciones provinciales de este organismo, como consecuencia de la variedad de procedimientos, cauces de comunicación y unidades administrativas implicadas”.
Por todos esos argumentos, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno desestima la reclamación del particular frente a la respuesta que dio el SEPE a su solicitud de información.
