Le encerró en el despacho y le amenazó de muerte

El indulto a un constructor que vejó a una arquitecta municipal provoca una protesta ante Rajoy

Los funcionarios envían una carta al presidente denunciando que el Gobierno lanza así un mensaje de impunidad frente a la violencia contra los empleados públicos y las mujeres

Mariano Rajoy en la sede del PP.
Mariano Rajoy en la sede del PP.

Sindicatos de funcionarios han enviado una carta al presidente y al ministro de Justicia, en la que critican que se lanza un mensaje de impunidad frente a la violencia contra los empleados públicos y las mujeres, con el indulto a un constructor que vejó a una arquitecta municipal.

Según ha sabido El Confidencial Digital, la iniciativa ha sido de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato mayoritario en las administraciones públicas.

En la misiva enviada al Gobierno, en concreto a Presidencia y al Ministerio de Justicia, trasladan la más “enérgica protesta por el indulto aprobado en el último Consejo de Ministros, celebrado el pasado viernes, y publicado el lunes en el Boletín Oficial del Estado.

Se refiere, en concreto, a la medida de gracia concedida a Juan Manuel Chaves Daporta, un constructor de A Illa de Arousa (Pontevedra), que en marzo de 2012 fue condenado por un delito de detención ilegal, lo que supone tres años de cárcel, otro de atentado y una falta de lesiones, penada con 180 euros de multa por encerrar en su despacho, zarandear y amenazar a la arquitecta municipal.

Le encerró en el despacho y le amenazó de muerte

Durante más de media hora, Chaves Daporta agredió y amenazó a la funcionaria, sin que la policía pudiera evitarlo. Según se declaró en el juicio, el constructor se enfrentó a su víctima y “la levantó, la zarandeó, la empujó contra el mobiliario allí existente y le dio un golpe en la parte de atrás del hombro, al tiempo que le decía que la iba a matar a ella y a su hija”. Finalmente la Guardia Civil consiguió entrar en el despacho y reducir al constructor.

El motivo del ataque fue la venta frustrada de una vivienda. La arquitecta había advertido a los compradores de uno de los pisos del constructor sobre una infracción que pesaba sobre el piso y les aconsejó que no lo compraran. Chaves Daporta pidió durante el juicio que se le aplicaran atenuantes de arrebato y obcecación, algo que la Audiencia de Pontevedra rechazó porque el asalto al despacho de la arquitecta fue horas después de que se cancelara la venta.

Episodio de violencia, además contra una mujer

Según fuentes del sindicato, este indulto es “lamentable en un doble ámbito, porque supone un paso atrás en la lucha contra las agresiones al colectivo de empleados públicos, con el agravante de que en este caso, la vejación se produjo sobre una mujer”.

Hay que recordar que las agresiones se producen más sobre mujeres (un 52 por ciento frente al 36,5 de los hombres) porque son mayoría en la plantilla y por su mayor vulnerabilidad.

Mensaje de impunidad frente a las agresiones

Argumentan también que, a los empleados públicos les cuesta dar el paso de denunciar, con la dificultad además de que se admita a trámite la denuncia y que posteriormente se sancione al responsable de la agresión por sentencia simple. Por ello, afirman que resulta escandaloso que se produzca este indulto.

Consideran que envía un peligroso mensaje de impunidad a la sociedad frente a las agresiones a los empleados públicos. Según un informe presentado recientemente por CSIF (el primero en este ámbito que arroja datos a nivel nacional), al menos se produce una agresión diaria en las oficinas de las administraciones.

 

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