La declaración de la renta pone en alerta a más de cien empresarios y directivos de banca inmersos en procesos judiciales

Según ha podido conocer El Confidencial Digital de fuentes en contacto con algunos de estos altos ejecutivos, su máxima preocupación es que esa información sobre sus ingresos y patrimonio, y en concreto sobre la devolución del IRPF, en manos de la Agencia Tributaria, llegue a la opinión pública.

Es una de las principales inquietudes que están trasladando a sus asesores fiscales durante la actual campaña para presentar la declaración de la renta (IRPF), que finaliza el próximo 30 de junio.

Van a recibir devoluciones altas

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que estos directivos están reclamando todo tipo de garantías para evitar que puedan filtrarse esos datos confidenciales.

Les preocupa enormemente que puedan darse a conocer, concretamente, las devoluciones en el IRPF, porque en muchos casos son especialmente elevadas. No quieren que se sepan, bajo ningún concepto, ya que esa información podría ser utilizada para someterles a pública crítica.

Algunos de estos importantes ejecutivos han llegado a comentar en privado que habrían preferido que la declaraciones les hubiera salido a pagar a Hacienda, para evitar ahora ese riesgo.

Inmersos en procesos judiciales

El temor aumenta si esos altos ejecutivos se encuentran inmersos en un proceso judicial. Algunos directivos del sector financiero están acusados de delitos cometidos en cajas de ahorro, adonde llegaron gracias a decisiones de los partidos políticos.

De momento, según las fuentes consultadas, solo en el sector financiero hay más de 90 directivos de banca procesados en nueve causas abiertas.

La Audiencia Nacional instruye en la actualidad investigaciones sobre la gestión de Bankia y Banca Cívica. Además, en otros juzgados ordinarios hay procedimientos abiertos que afectan a la Caja de Ahorros de Navarra, Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), NovaGalicia y Caixa Penedés, entre otras.

Otro juzgado de instrucción es el que envió a prisión durante 24 horas a Miguel Blesa por su gestión al frente de Caja Madrid entre 1996 y 2010 y ahora lo ha vuelto a mandar a la cárcel sin fianza.

Y también hay que citar al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que permanece en la cárcel desde el pasado 5 de diciembre por intentar desprenderse de su patrimonio para no pagar a sus acreedores.

Filtraciones en los juzgados

A estos altos ejecutivos les preocupa, según ha confirmado este confidencial, otro de los focos de donde provienen la mayoría de las filtraciones periodísticas: los juzgados.

Los empresarios y directivos de banca que están siendo investigados por la Justicia saben que Hacienda informa a los jueces de los datos tributarios que les solicitan en el curso de sus indagaciones. El magistrado traslada a las partes implicadas en el caso los informes confidenciales que la Agencia Tributaria ha enviado para la investigación, y es entonces cuando temen que los datos de ingresos y patrimonio acaben apareciendo en la prensa mediante la filtración de una fuente interesada.

Silencio en la Agencia Tributaria

Fuentes del ministerio de Hacienda consultadas por ECD recuerdan que el artículo 95 de la Ley General Tributaria establece el “carácter reservado de los datos con trascendencia tributaria”. Especifica que todos los “datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado”.

Sólo podrán ser utilizados para “la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada y para la imposición de las sanciones que procedan, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros”.

Fija excepciones como, por ejemplo, la colaboración con los órganos jurisdiccionales y el Ministerio Fiscal en la investigación de delitos.

Controles de seguridad estrictos

Las mismas fuentes explican que la Agencia Tributaria adopta ya las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la información fiscal y su uso adecuado.

Añaden que las autoridades o funcionarios que tengan conocimiento de estos datos están obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos. En caso de que no lo cumplan, se contemplan sanciones muy graves para los infractores.