Los despachos desmontan la euforia del Gobierno cuando atribuye el aumento de contratos fijos a la reforma laboral
Las empresas están apurando hasta abril para adaptarse a la legislación y la tendencia de conversión de temporales a indefinidos ya se había impuesto con la mejora de la pandemia
En el día en el que el Congreso debe convalidar la reforma laboral, los despachos laborales rebajan la euforia con la que el Gobierno ha atribuido precisamente el aumento de la contratación indefinida en el mes de enero a la aprobación de su nueva regulación del mercado de trabajo.
El secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, aseguró este miércoles que ya ha cambiado el paradigma del mercado laboral español, que a su juicio en un mes ha dejado atrás la temporalidad.
Pérez Rey trasladó su visión positiva de las cifras, que achacó en todo momento a la reforma laboral que el Ejecutivo debe convalidar este jueves en el Congreso, pero que entró en vigor por decreto el 1 de enero, y que tiene un periodo transitorio de hasta seis meses.
En concreto, destacó que se han cerrado 238.672 contratos indefinidos en enero, de los que 160.214 son iniciales, el 67%, lo que cree que es una inversión de la tendencia sobre la que el último dato en este sentido se registró en 2007.
Esto supone una tasa del 15% de contratación indefinida, cuando la media suele ser del 8,3%, apuntó en la rueda de prensa de presentación de los datos del paro en el último mes.
Los despachos rebajan la euforia
En cambio, los despachos laborales desmontan la euforia del Gobierno. Fuentes de algunos de ellos, que trabajan a diario estos asuntos, matizan a Confidencial Digital que atribuir a la nueva regulación del mercado de trabajo todo el incremento de la contratación indefinida en el primer mes de vigencia de la norma es un error. Es lo que han hecho, sin matices, el presidente, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta, Yolanda Díaz.
Los expertos aportan dos motivos fundamentales que desmienten en parte que la contratación indefinida haya subido solo por el efecto de la reforma laboral aprobada por el Consejo de Ministros a finales de diciembre.
Por un lado, en los bufetes confirman que las empresas están apurando hasta el 30 marzo para adaptarse a la legislación. Es decir, están agotando el periodo de gracia concedido por el propio Ejecutivo y no se han lanzado en masa a regularizar la situación en el primer mes de vigencia de la reforma laboral.
Además, aseguran que existe una tendencia en los últimos meses que apunta a la conversión de contratos indefinidos en duda firmados a lo largo de la pandemia en contratos fijos a medida que la situación se estabiliza. Unas decisiones que chocan con la relación absoluta de los datos de paro y afiliación de enero con la nueva norma.
