A España le faltan 50.000 millones para poder pagar los ERTE hasta septiembre porque Europa ha retirado el dinero

El Gobierno no tiene dinero para prorrogar los ERTE en junio. La ayuda solicitada a Europa no es suficiente: le faltan 50.000 millones. Esta situación es la que ha llevado al Ministerio de Seguridad Social a plantarse con las exoneraciones, incluso llevando a la mesa del diálogo social al límite, para evitar endeudar aún más al país.

Hay que recordar que la Comisión Europea ha desembolsado este martes a España el sexto y último tramo por valor de 3.370 millones de euros del crédito blando concedido por la UE para financiar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) provocados por la crisis de la Covid-19.

Gracias a estos préstamos baratos de la UE, España se ha ahorrado al menos 850 millones de euros en intereses en comparación con lo que habría tenido que pagar si hubiera acudido a los mercados a endeudarse, según los cálculos de Bruselas. Pero esa financiación se ha acabado.

Endeudarse para poder pagar los ERTE

Ahora, la nueva situación financiera es la que ha llevado a debatir en el seno del Gobierno la vía de financiación para prorrogar los ERTE y todos los esquemas de ayudas.

El Ejecutivo ha advertido a patronal y sindicatos que sufre “problemas de liquidez”, aunque es un extremo que ningún miembro del Gobierno ha reconocido públicamente, y es clave que ha llevado a la postura inflexible del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en las negociaciones para prorrogar los ERTE hasta septiembre.

Empresarios y sindicatos negocian in extremis con el Gobierno una prórroga más allá del 31 de mayo antes del Consejo de Ministros extraordinario convocado para este jueves.

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apoya mantener el actual sistema de ayudas, recordando que, si se deja caer ahora este modelo, todos los recursos empleados para salvar empresas y empleos en los últimos doce meses no habrán servido de nada.

Sin embargo, en el área económica del Gobierno reconocen a ECD ser más “sensibles” al golpe que está suponiendo la crisis del coronavirus sobre los recursos del Estado.

Tanto la vicepresidenta Calviño como el ministro Escrivá, son defensores de un formato de ayudas cada vez más restrictivo con las empresas que no se reactiven y más incentivador hacia las que vuelvan al negocio.

España ha recibido 21.000 millones de la UE

Hay que tener en cuenta que España fue el pasado verano el primer país de la Unión Europea en solicitar formalmente a la Comisión los fondos del SURE, el instrumento comunitario ideado de forma temporal para mitigar el golpe del coronavirus en el empleo.

España, que tenía asignados un total de 21.300 millones de euros, ha sido el segundo país de la UE que más ayudas ha recibido una vez que han finalizado todos los desembolsos, solo por detrás de Italia.

Pese al fuerte apoyo de las compras del BCE, el Gobierno “está arañando de todas partes”, con tal de conseguir esa financiación, en un contexto en el que todos los países están emitiendo deuda.

La ayuda europea no es suficiente

Con el dinero de Europa, el Gobierno se ha asegurado durante el último año de pandemia financiación a un precio barato a largo plazo, y ha restado presión sobre las emisiones y, por tanto, sobre la prima de riesgo española.

Pese a ello, técnicos del Ministerio de Economía explican a Confidencial Digital que la liquidez provista hasta el momento no será suficiente para la situación de crisis económica que se debe abordar este año y cumplir además con el pago de todas las prestaciones.

Faltan 50.000 millones de euros

Explican que la ayuda europea de 21.000 millones se ha quedado corta antes incluso de recibirla. Ahora, tras pagar los subsidios de mayo durante los primeros días de junio, la liquidez ya se habrá agotado, según confirman a ECD fuentes conocedoras de la situación.

Fuentes de la cúpula económica del Ejecutivo calculan que el coste total de las prestaciones, desde octubre hasta finales de enero, superó los 20.000 millones. Pero a esto hay que añadir que la factura de los ERTE antes de la anterior prórroga, el 30 de septiembre, ya alcanzó los 25.000 millones.

Esas estimaciones contemplan también lo que se deja de ingresar por exonerar las cotizaciones, que viene a ser un 30%.

Por lo tanto, el Gobierno admite que necesita 40.000 millones más para completar el plazo vigente del acuerdo con sindicatos y patronal que prorroga los ERTE y el cese de actividad de los autónomos hasta el 31 de mayo. Y al menos 10.000 millones de euros para extender las prestaciones hasta septiembre, lo que hace un total de 50.000 millones.

Un coste de 3.000 millones al mes

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican que el coste de los expedientes de regulación temporal de empleo y la prestación de los trabajadores por cuenta propia alcanzó los 7.000 millones al mes en el punto más álgido de la crisis del coronavirus, por ejemplo en abril y mayo del año pasado.

Luego este gasto mensual ha ido menguando conforme han ido saliendo trabajadores de los ERTE, pero estiman que alcanza todavía los 3.000 millones al mes por los alrededor de 600.000 trabajadores que se mantienen en suspensión temporal de empleo.

Se calculó inicialmente el gasto en marzo del año pasado en 14.000 millones de euros pero el desarrollo posterior de la epidemia va a suponer una cifra muy superior.

Ya a finales de mayo de 2020, el Gobierno aprobó líneas de crédito extraordinarias por 30.000 millones de euros a la Seguridad Social para cubrir el déficit por la falta de ingresos y los costes de las ayudas. Un préstamo que tuvo que ampliarse en noviembre con una transferencia del Estado a la Seguridad Social de otros 6.000 millones.

El coronavirus se ha comido los ingresos

Hay que recordar que la declaración del estado de alarma y la paralización de muchas actividades económicas ha mermado los ingresos del Estado.

Unos trabajadores han perdido su empleo, lo que ha incrementado el gasto en prestaciones; otros se han visto afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 3,5 millones; y otros son autónomos que se han acogido a la prestación por cese de actividad, 1,4 millones.

Esta situación ha provocado una caída brusca de la recaudación de la Seguridad Social a través de las cotizaciones sociales: ni los autónomos con esta ayuda, ni los tres millones de ERTE por fuerza mayor han pagado cotizaciones.

Además, hay que destacar la mayor flexibilidad en los aplazamientos del pago de impuestos para empresas y autónomos que se aplicó durante varios meses del pasado ejercicio.

Por si esto fuera poco, el Gobierno tuvo que garantizar también antes de final de año el abono de la extra de Navidad a los nueve millones de pensionistas. En cada paga extra se producen unas exigencias adicionales que en diciembre superaron los 20.000 millones, tal y cómo admiten a ECD altos cargos del Ministerio de Seguridad Social.