¿Y ahora qué? Las penurias legales y financieras del jubilado que se adjudicó en una subasta los 225 pisos de una promoción de Aifos en Cádiz
Tras la alegría de convertirse en el único beneficiario de las 225 viviendas pertenecientes a un bloque embargado a la promotora Aifos, Benito González se ha encontrado con la dura realidad: deberá hacer frente a unos gastos que él mismo no se esperaba cuando acudió a la subasta.
Tal y como adelantó El Confidencial Autonómico, la empresa constructora Aifos, implicada en el ‘caso Malaya’, incumplió el acuerdo contractual de hacer entrega de las llaves de un bloque de edificios en Cádiz para 2007. Los clientes, que había invertido 50.000 euros, llevaron a cabo varias denuncias, la primera de ellas procedente de Benito González.
Una vez confirmado el embargo, se llevó a cabo una subasta a la que acudió solamente el primer denunciante, que se convirtió así en el dueño de las 225 viviendas que tiene el edificio, que tenía que haberse entregado hace dos años.
Aunque González era consciente de la necesidad de reunirse con el resto de clientes para llegar a un acuerdo, y también de la deuda de 20 millones de euros que Aifos dejó a una entidad financiera, no contaba con hacer frente a otros gastos que no tenía previstos, entre otros, hacerse cargo del pago del registro, del impuesto de trasmisión patrimonial o del coste de asesoría legal y notarial. Amplíe aquí esta información.
