Los funcionarios de la Generalitat exigirán por escrito las órdenes para crear una República catalana
Les servirá para denunciar los mandatos de las autoridades contrarios a la Constitución. Se preparan para la tramitación de leyes para constituir una Hacienda y Seguridad Social propias
En los últimos días, sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), admiten haber recibido centenares de llamadas de trabajadores públicos catalanes preocupados por lo que puede pasar, especialmente tras el pleno del pasado lunes en el Parlament que aprobó la declaración de independencia.
Los funcionarios tienen ya prácticamente listo un protocolo de actuación contra las órdenes independentistas que puedan recibir a partir de los próximos días para crear la República catalana.
Según ha confirmado El Confidencial Digital por fuentes de la Administración, el protocolo recomendará, en primer lugar, que los empleados públicos a los que se les planteen dudas, soliciten el mandato por escrito.
Se trata de un modelo de reclamación para que todos aquellos funcionarios que reciban presiones políticas puedan así denunciar a sus superiores. También se les proporcionará asesoramiento jurídico de inmediato, cuando existan dudas sobre si su actuación se ajusta a la ley. especialmente una vez que la declaración independentista sea suspendida por el Tribunal Constitucional.
La resolución de ruptura de Cataluña con España, aprobada este lunes con 72 votos a favor y 63 en contra, prevé iniciar en el plazo de treinta días “la tramitación de las leyes del proceso constituyente, de Seguridad Social y de Hacienda Pública”.
Se trata, recoge el texto, de hacer posible “el proceso de desconexión democrática” de España y se advierte que no se hará caso a las decisiones que adopten las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal Constitucional”, “deslegitimado” desde que dictó la sentencia del Estatut en 2010.
Juicios rápidos y hasta condenas de inhabilitación
Los funcionarios no pasan por alto tampoco los “graves riesgos” que acarrea la implicación en el desarrollo de estas “entidades nacionales”, ante los continuos recursos contra ellas que el Gobierno viene presentando en el Tribunal Constitucional.
Han valorado que se enfrentan a juicios rápidos y a condenas de inhabilitación si colaboran en la “desconexión” con España. Paradójicamente, Artur Mas no puede ser inhabilitado en razón de su cargo de presidente de la Generalitat en funciones, pero sí el resto de cargos públicos catalanes al no estar aforados.
