Los funcionarios de la Generalitat se negarán a realizar funciones contrarias a la ley española
Los sindicatos mayoritarios han acordado desobedecer órdenes pro-independentistas. Temen ser inhabilitados por el Estado y responden a la no devolución de la paga extra
Rebelión de los funcionarios de la Generalitat contra el Gobierno de Artur Mas. Se niegan a trabajar en las estructuras de Estado que proyecta la lista de Junts Pel Sí para una Cataluña independiente. Al miedo a ser inhabilitados, se suma también el enfado por la falta de voluntad del Ejecutivo catalán para la devolución de la paga extra.
El Gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat llevan años jugando al gato y al ratón. Cada vez que el Ejecutivo de Artur Mas da un paso en la línea de acercarse a un Estado independiente, desde la Administración central paralizan sus iniciativas por la vía de los recursos al Tribunal Constitucional.
Esto es lo que ha ocurrido en los últimos meses con las llamadas estructuras de Estado, las entidades nacionales que Mas aspira a tener listas antes de que Cataluña, si llega el momento, proclame la independencia.
Hasta la fecha, el Ejecutivo ha recurrido y el Constitucional ha paralizado la ley de consultas, que facultaba a la Generalitat la convocatoria de referendos (declarada ya inconstitucional), así como los embriones de la futura Hacienda propia y la Seguridad Social, la diplomacia exterior y el Comisionado para la Transición Nacional.
No acatar las órdenes que contravengan la ley
Según ha sabido El Confidencial Digital, a través de fuentes de la Administración catalana, los sindicatos de funcionarios de la Generalitat han acordado que “su obligación es respetar el marco constitucional y la ley vigente”.
Por ello, no están dispuestos a elaborar informes, normativas, redactar convocatorias de concursos públicos... totalmente imprescindibles para ir dando forma a las estructuras de Estado.
Capaces de articular las estructuras de Estado
El Govern es consciente de que uno de los colectivos capaces de articular el proceso independentista planteado por Artur Mas es el de los funcionarios instalados en Cataluña.
Tiene en cuenta que, sin una complicidad expresa de los empleados públicos, no será posible continuar adelante con las estructuras de Estado que proyectan los independentistas.
Piden respeto a la independencia y neutralidad
Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD resaltan que la Central Sindical Independiente y de los Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha pedido también a la Generalitat de Cataluña que respete el principio de independencia y neutralidad de los empleados públicos.
Le ha reclamado también que “no ponga a los funcionarios en la tesitura de ejercer su trabajo bajo el paraguas de unas normativas autonómicas que contravienen el marco legal establecido”.
Juicios rápidos y hasta condenas de inhabilitación
Según las fuentes consultadas, los empleados públicos no pasan por alto tampoco los “graves riesgos” que acarrea la implicación en el desarrollo de estas “entidades nacionales”, ante los continuos recursos contra ellas que el Gobierno está presentando en el TC.
Han valorado que se enfrentan a juicios rápidos y a condenas de inhabilitación si colaboran. Paradójicamente, Artur Mas no puede ser inhabilitado en razón de su cargo de presidente de la Generalitat, pero sí el resto de cargos públicos catalanes al no estar aforados.
