Los funcionarios de la Generalitat se arman jurídicamente contra las órdenes independentistas
Tienen listo un protocolo de actuación para rechazar las instrucciones contrarias a la Constitución que reciban tras el Pleno en el Parlament que debatirá la ruptura con España
Desconcierto entre los funcionarios de la Generalitat de cara a la próxima semana. Desconocen cuál es la pauta a seguir ante las órdenes que reciban por parte de las autoridades políticas en Cataluña cuando queda aprobada, previsiblemente el próximo lunes, la declaración de independencia que inicie la “desconexión” con España.
Tal y cómo se contó en ECD antes de las elecciones del 27-S, los sindicatos de funcionarios de la Generalitat acordaron que “su obligación es respetar el marco constitucional y la ley vigente”. No están dispuestos a elaborar informes, normativas, redactar convocatorias de concursos públicos...que son imprescindibles para dar infraestructura al nuevo Estado.
La Generalitat en funciones es consciente de que uno de los colectivos capaces de articular el proceso independentista planteado por Junts pel Sí y la CUP es el de los funcionarios instalados en Cataluña. Tiene en cuenta que, sin una complicidad expresa de los empleados públicos, no será posible continuar adelante con el proceso.
Hay listo un protocolo ante órdenes contrarias a la ley
En los últimos días, sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), admiten haber recibido centenares de llamadas de trabajadores públicos preocupados por lo que puede pasar, especialmente a partir del pleno previsto para el próximo lunes en el Parlament que debatirá la declaración de independencia. Solicitan, con urgencia, asesoramiento jurídico.
Según ha sabido El Confidencial Digital por fuentes de la Administración, los funcionarios tienen listo ya un protocolo de actuación contra las órdenes independentistas que puedan recibir a partir de la próxima semana.
Se trata de un modelo de reclamación para que todos aquellos empleados públicos que reciban presiones políticas tengan oportunidad de denunciarlo. Y que tengan también acceso a servicios jurídicos de inmediato, cuando haya dudas sobre si su actuación se ajusta a la ley.
Juicios rápidos y hasta condenas de inhabilitación
Los funcionarios no pasan por alto tampoco los “graves riesgos” que acarrea la implicación en eldesarrollo de estas “entidades nacionales”, ante los continuos recursos contra ellas que el Gobierno viene presentando en el Tribunal Constitucional.
Han valorado que se enfrentan a juicios rápidos y a condenas de inhabilitación si colaboran en la “desconexión” con España. Paradójicamente, Artur Mas no puede ser inhabilitado en razón de su cargo de presidente de la Generalitat en funciones, pero sí el resto de cargos públicos catalanes al no estar aforados.
Manifestación en Barcelona en defensa de la legalidad
Además, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha convocado a los funcionarios y empleados públicos de la Generalitat a una manifestación este viernes en Barcelona.
CSIF llama a los trabajadores de la Función Pública catalana a mostrar su desacuerdo “con la política de recortes emprendida durante los últimos años y en defensa de la legalidad vigente, ante el proceso soberanista”.
