Dinero

Los funcionarios cobrarán a partir de septiembre la subida de 100 euros prometida para julio

Hacienda todavía no ha tramitado el incremento y las nóminas para el próximo mes y el de agosto se programan prácticamente a la vez y ya se han cerrado

Funcionarios de oficinas de empleo.
photo_cameraFuncionarios de oficinas de empleo.

El Gobierno y los sindicatos formalizaron el pasado viernes la subida salarial del 0,25% a los funcionarios en la nómina del mes de julio. Sin embargo, los empleados públicos no cobrarán el incremento, como pronto, hasta después del verano.

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, avanzó la semana pasada que está previsto incluir en las nóminas de julio de los empleados públicos la subida salarial adicional del 0,25% ligada al PIB y establecida en el acuerdo con los sindicatos.

No obstante, el Ministerio todavía tiene que formalizar el incremento vía Consejo de Ministros, por lo que el alza todavía no está claro en qué mes llegará a los trabajadores, aunque en todo caso con efectos de 1 de julio.

Hacienda apunta a septiembre para el cobro

Así las cosas, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes próximas al Ejecutivo, en la cúpula económica del Gobierno dan por hecho un retraso en el cobro de la subida.

El argumento que se esgrime es que las nóminas de julio y agosto se programan prácticamente a la vez en los servicios de habilitación de los ministerios y esa circunstancia descarta casi totalmente la actualización hasta septiembre.

El Gobierno se comprometió a la subida en julio

En principio, Hacienda tenía que subir el sueldo de los funcionarios un 0,25% adicional a partir del próximo 1 de julio.

Esta mejora se suma al 2,25% que ya subieron los sueldos anuales de los funcionarios a principios de año. Es fruto de la negociación que los sindicatos iniciaron con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que asumió después el Gobierno del PSOE.

El acuerdo estableció un incremento variable del 0,5% anual, del que la mitad, esto es, el 0,25%, quedó ligado a la evolución de la economía y se aplicaría en la nómina de julio. El Producto Interior Bruto (PIB) debía crecer concretamente un 2,5% el pasado año.

Como la cifra final de contabilidad nacional ha elevado el avance de la economía al 2,6%, los funcionarios deben ver incrementado su sueldo anual en un 0,25% el mes que viene.

Los obstáculos para un Gobierno en funciones

Sin embargo, tal y cómo se contó en ECD hace dos semanas, la subida de sueldo del mes de julio prometida a tres millones de funcionarios corría peligro. El Gobierno de Pedro Sánchez, que se encuentra en funciones desde que se celebraron las elecciones generales el pasado 28 de abril, estaba encontrando obstáculos para tramitar el incremento.

El procedimiento exige que el Ejecutivo habilite esa subida a través de un acuerdo del Consejo de Ministros.

Para ello, el Gobierno tendría que haber llevado a cabo la aprobación del incremento de gasto en la reunión del pasado viernes, como muy tarde, para que entrara en vigor el 1 de julio. El motivo de esta urgencia es que las nóminas se cierran en la primera quincena del mes anterior.

A día de hoy, según los técnicos consultados por ECD, los responsables de la confección de las nóminas en los diferentes ministerios, consejerías autonómicas, ayuntamientos todavía no han ejecutado esta subida. Hacienda no ha dado instrucciones para incluir el aumento en los pagos del próximo mes.

En el Ministerio habían surgido dudas sobre que el Consejo de Ministros pudiera dar luz verde al incremento, encontrándose el Gobierno en funciones, porque la financiación de la medida exige un incremento del gasto de casi 400 millones.

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD ya advirtieron de que, sólo en el caso de que se formase un nuevo Gobierno antes del 15 de junio -algo que no se ha producido-, habría tiempo para que un Ejecutivo con plenas facultades dictase la subida para que tenga tuviera efectos a 1 de julio.

Tres millones de funcionarios perjudicados

Por lo tanto, el retraso va a perjudicar a alrededor de 500.000 empleados públicos pertenecientes a la Administración General del Estado -funcionarios, personal laboral y eventuales-. Es decir, a aquellos que prestan servicio en los diferentes ministerios, así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

También afectará a los funcionarios de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Todos ellos están a la espera de la decisión definitiva del Estado para poder aplicar los incrementos salariales en los organismos locales, lo que tiene a la espera a más de tres millones de empleados públicos en todo el país.

Esto se traduce, según las estimaciones de los sindicatos y calculado sobre un año completo, que un trabajador del personal administrativo o un policía que pertenezcan al grupo C dejarán de ingresar el 1 de julio unos 70 o 75 euros por año.

El perjuicio para el personal técnico superior del grupo A será mayor: alcanza casi los 150 euros.

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