Aviso de la Abogacía del Estado al Gobierno: el cierre del ocio nocturno se pierde en los tribunales

El ocio nocturno se ha convertido en uno de los quebraderos de cabeza de las autoridades sanitarias para controlar el Covid. El Gobierno acumula otro problema tras imponer su cierre total. La Abogacía del Estado le ha advertido de que la batalla judicial con los empresarios del sector está prácticamente pérdida en los tribunales.

En el Ministerio de Sanidad insisten en que las restricciones son necesarias: un brote en los locales de ocio implica un gran número de contagios y mucha dificultad para localizar a estos pacientes por la propia naturaleza de estos establecimientos.

Ante esta situación, el Gobierno y las comunidades autónomas decidieron hace unos días por unanimidad, en una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, cortar el problema de raíz: acordaron el cierre total de discotecas, bares de copas -con y sin actuaciones musicales en directo- y salas de baile.

 “Por primera vez, se deciden actuaciones coordinadas en materia sanitaria en beneficio de todas las comunidades”, recalcó el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El cierre del ocio nocturno es una de las once medidas y tres recomendaciones que adoptó el Consejo Nacional de Salud, que cada comunidad autónoma ha ido aplicando durante esta semana y que no tienen fecha de caducidad.

Advertencia de la Abogacía del Estado

Sin embargo, fuentes jurídicas de la Administración del Estado consultadas por Confidencial Digital explican que el Gobierno, que ha consultado previamente la medida con la Abogacía del Estado, ha sido advertido de que existe un “riesgo elevado” de que el cierre del ocio nocturno sea tumbado por los tribunales.

Una inquietud que también reconocen en las autonomías. De ahí que los presidentes regionales se hayan colocado detrás del Gobierno central con esta decisión. Hasta ahora, las decisiones de las comunidades autónomas se habían limitado a restringir aforos y horarios de cierre.

En privado, miembros de varios Ejecutivos autonómicos vaticinan que esta medida “no podrá imponerse más allá de dos semanas”. Es el plazo aproximado que han estimado sus servicios jurídicos para que los juzgados resuelvan (a favor de los afectados) los recursos que presenten en los próximos días las patronales del sector contra la decisión del Ministerio de Sanidad.

No obstante, fuentes oficiales del Ministerio de Justicia aseguran a ECD que la Abogacía del Estado no ha emitido un informe sobre este asunto ni ha sido solicitado un dictamen por parte del Ministerio de Sanidad.

Movilización inmediata de los empresarios

El sector del ocio nocturno, que representa el 1,8% del Producto Interior Bruto y genera 200.000 puestos de trabajo, se ha movilizado de inmediato contra la decisión del Gobierno y las comunidades autónomas.

“Estamos ante una situación sin precedentes que supone el bloqueo y colapso del sector del ocio nocturno y los espectáculos”, apuntó hace unos días la patronal ‘España de Noche’.

“No se puede cerrar un sector estratégico así, sin explicárselo a los empresarios, sin planificar su futuro”, indicó su presidente, Ramón Mas, quien anunció que llevarán esta clausura a los tribunales. No obstante, la patronal permanece a la espera de revisar las medidas publicadas en los distintos boletines oficiales antes de acudir al juzgado.

Agravio comparativo con otros sectores

Según las fuentes jurídicas consultadas por ECD, la Abogacía del Estado ha trasladado al Gobierno los fundamentos de derecho que les llevan a concluir que los tribunales darán la razón a los empresarios del ocio nocturno.

El primero de ellos es el agravio comparativo con el tratamiento que reciben otros sectores donde también se están produciendo contagios. Advierten de que los jueces disponen de argumentos suficientes para alegar que también se registran brotes en otras muchas actividades, y no por ello se ha decretado su cierre inmediato.

Existen varios casos concretos: residencias de mayores, empresas de recolección de fruta y verdura, temporeros, centros de día, gimnasios, centros de menores, campamentos de verano… Así las cosas, asumen además que resulta complicado rebatir en los tribunales que los brotes en pubs y discotecas representan un número especialmente significativo de contagios.

Derechos adquiridos por licencias municipales

Otro de los puntos débiles que han trasladado los servicios jurídicos del Estado son las “limitaciones de derechos previamente reconocidos” para los establecimientos de ocio nocturno por “su licencia municipal y el reglamento”.

La licencia de apertura y actividad es una licencia municipal obligatoria para que en un local se pueda ejercer una actividad comercial, industrial o de servicios.

Consiste en un documento que acredita el cumplimiento de las condiciones de habitabilidad y uso de esa actividad. De esta manera, el cierre impuesto puede conculcar derechos adquiridos.

Provoca un perjuicio “difícil de reparar”

Un tercer obstáculo legal que el Gobierno asume con la medida adoptada es que la decisión supera a cualquiera de las impuestas al resto de actividades hosteleras y que permiten el desarrollo a las demás actividades de hostelería en el horario y con las características propias del servicio que prestan, lo que no ocurre con las discotecas y los bares de copas.

Por lo tanto, en la Abogacía del Estado no se ha pasado por alto que el cierre conlleva un perjuicio de “muy difícil o imposible reparación” para estos negocios.

Ha advertido al Ejecutivo de que precisamente esta circunstancia puede decantar a los jueces a pronunciarse contra la medida impuesta por Sanidad, al no venir acompañada tampoco de un plan de rescate financiero al sector. En este contexto, las autoridades sanitarias se mantienen en alerta ante los pasos que pueda dar la Justicia en este asunto en las próximas semanas.