El Gobierno se ‘asusta’ y retira la prohibición de los coches diésel a partir de 2040

El proyecto de Ley de Cambio Climático no incluirá explícitamente el veto a esos motores. Moncloa ha cedido a la presión de fabricantes, concesionarios, usuarios y petroleras

Atasco en una autovía.
Atasco en una autovía.

En apenas ocho meses, el diésel va a pasar, de estar totalmente sentenciado por el Gobierno, a seguir teniendo muchos más años de vida. En julio del año pasado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que estos motores “tienen los días contados”, pero no va a ser así.

La titular de Industria, Reyes Maroto, acaba de lanzar un mensaje totalmente contrario al de Ribera. Lo hizo hace unos días, ante un auditorio repleto de representantes del mundo del motor: el XXVIII Congreso&Expo de Faconauto, la patronal de los concesionarios.

Según Maroto, los motores de combustión “todavía tienen mucho que decir”, añadiendo como argumento que el mercado automovilístico español se encuentra en un contexto en el que no puede prescindir de ellos.

Retira la prohibición de los diésel en 2040

De esta forma, según ha podido confirmar Confidencial Digital, por fuentes conocedoras de los planes del Ejecutivo, el Gobierno de Pedro Sánchez tiene decidido dar marcha atrás a una de las propuestas más polémicas de su corto mandato: la de prohibir a partir de 2040 la venta y matriculación de los coches diésel y de gasolina.

Así, el Ejecutivo dará un giro a la Ley de Cambio Climático para no vetar explícitamente la venta de vehículos diésel o gasolina, sino para permitir sólo la comercialización de los que no emitan CO2.

Hasta ahora, la medida planteaba que, a partir de 2040, quedaría prohibida la comercialización de los turismos y comerciales ligeros de gasolina, diésel, de diferentes tipos de gas e incluso los híbridos.

Por lo tanto, sólo estarían permitidos los coches eléctricos puros o los de hidrógeno, o cualquier otra tecnología sin emisiones que se desarrolle de aquí a entonces.

Fuera de la Ley de Cambio Climático

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene previsto llevar al Consejo de Ministros del 22 de febrero el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, en el que se sentarán las bases de la transición energética que viene, plan que el Gobierno deberá enviar a Bruselas para su evaluación por la Comisión Europea.

Pero ese proyecto, que contemplará un paquete de medidas de gran calado para conseguir el objetivo de llegar a 2050 con una economía descarbonizada, no incluirá la anunciada prohibición de la venta y la matriculación de todos los coches diésel y de gasolina para 2040.

 

Mensaje al sector del automóvil y a las petroleras

En los últimos días, según ha podido confirmar ECD por fuentes del sector, desde el Gobierno se ha trasladado un mensaje de “máxima tranquilidad” a la industria del automóvil y a las principales compañías petroleras del país, como Repsol y Cepsa.

Moncloa les ha confirmado que la fecha de 2040 para el veto al diésel es un “horizonte negociable”, y que se muestra ahora abierto por completo a aplazar la fecha límite que había anunciado.

El objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, al que acompañará la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, será cumplir los objetivos propuestos para el 2030, es decir, poner sobre la mesa las medidas necesarias para conseguir reducir las emisiones un 20% respecto a 1990 (38 puntos menos que en la actualidad).

La propuesta servirá de marco hacia la descarbonización de la economía en 2050, donde sí se incluirá el cierre del parque nuclear “entre los años 2025 y 2035”.

A este respecto, la ministra Ribera ha aclarado también que el Gobierno “no dicta nada respecto de ninguna central concreta”, sino que son las empresas propietarias de las nucleares quienes deben establecer el calendario del cierre de cada una.

Se ha equivocado al hablar de “prohibición”

Según las fuentes consultadas por ECD, el Gobierno hará pública, “en las próximas semanas”, su postura definitiva sobre este controvertido asunto, ligado a la lucha contra el cambio climático y la transformación de la economía, con el que el PSOE revolucionó el sector del automóvil nada más llegar a La Moncloa.

También será entonces cuando se conozca de qué manera articulará el Ejecutivo el final de los vehículos de combustión, después de que haber hablado de “prohibición” de determinadas tecnologías de automoción haya provocado una enorme incertidumbre entre los usuarios y un desplome de casi el 40% en la venta de coches diésel.

Además de eso, con el rechazo a los Presupuestos de Pedro Sánchez para 2019, el impuesto más importante que decae es precisamente el del diésel, con el que Hacienda pretendía recaudar 670 millones de euros. Este tributo ha quedado definitivamente congelado.

Industria cede ante los fabricantes y petroleras

El Ministerio de Industria se justifica diciendo que ahora los fabricantes de automóviles han logrado una mejora sustancial en el nivel de emisiones de los nuevos motores diésel y gasolina.

Consideran, por tanto, que la clave es el rejuvenecimiento del parque móvil, e incentivar la compra de vehículos nuevos, equipados con motores tradicionales o de nuevas tecnologías.

Este giro va en línea de lo que siempre han defendido los fabricantes de coches: el verdadero problema de la contaminación atmosférica no está en los motores diésel, sino en la antigüedad de muchos de ellos, por lo que se han mostrado partidarios de que el Gobierno ponga en marcha incentivos para rejuvenecer el parque móvil.

Ayudas de 5.000 euros a la compra del coche eléctrico

En esa línea, el Consejo de Ministros del pasado viernes aprobó, a propuesta de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, un presupuesto de 45 millones de euros destinado al plan MOVES.

Las ayudas serán de unos 700 euros para motos eléctricas,  de 15.000 para la compra de camiones y autobuses con propulsión alternativa y de 5.000 euros para los automóviles y furgonetas ligeras.

El presupuesto incluye partidas destinadas a instalar infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos, el desarrollo de incentivos para implantar sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas y la implantación de medidas recogidas en planes de transporte a los centros de trabajo.

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