El Gobierno camufla el primer fracaso del diálogo social. La CEOE no firma el pacto para la igualdad en las empresas

Ha tirado para adelante finalmente con la nueva normativa sin destacar que los empresarios la rechazan y no han rubricado el documento

Yolanda Díaz, María Jesús Montero e Irene Montero.
Yolanda Díaz, María Jesús Montero e Irene Montero.

Yolanda Díaz es el miembro del Gobierno que más fotos ha facilitado a Pedro Sánchez: las de los seis acuerdos sociales que se han firmado desde el mes de enero. La ministra de Trabajo ha cumplido con esa regla básica de buscar siempre el acuerdo, aunque el Ejecutivo ha minimizado ahora el primer fracaso de la legislatura en el diálogo social.

El Gobierno acaba de aprobar dos reglamentos, a través de sendos Reales Decretos, que desarrollan dos obligaciones empresariales: garantizar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres y elaborar y registrar los planes de igualdad (en las compañías a las que se lo exige la ley).

La nueva reglamentación en materia salarial detalla, entre otras cosas, cómo evaluar los puestos de trabajo, cómo deberán ser los registros salariales en las empresas y qué consecuencias tendrá no tenerlos o incurrir en desigualdad salarial.

“Se erradica una aberración democrática que vulnera derechos fundamentales de la mitad de la población. Se acabó que un hombre y una mujer puedan percibir remuneraciones diferentes”, recalcó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras el Consejo de Ministros de este martes.

Según defiende el Gobierno, una mujer cobra de media en España un 27% menos que un hombre.

Primer fracaso en el diálogo social

Esta nueva normativa no cuenta con el respaldo de los empresarios que tendrán que implantarla, ya que se deriva de un acuerdo alcanzado en julio pasado entre los ministerios de Trabajo e Igualdad y los sindicatos, al que no quisieron sumarse las organizaciones empresariales.

Sin embargo, Díaz ha pasado de puntillas por el rechazo de la patronal al pacto para la igualdad en las empresas y evita así reconocer el primer fracaso del Gobierno de Pedro Sánchez en el diálogo social esta legislatura. El resto de miembros del Ejecutivo también han tratado de minimizar esta oposición de los empresarios en los últimos días.

 “Nos hubiera gustado que CEOE estuviera en el acuerdo”, dijeron al finalizar las negociaciones fuentes gubernamentales el pasado mes de julio. Admitieron también que el diálogo social no siempre culmina en acuerdo de todas las partes y destacaron el esfuerzo negociador que se ha llevado a cabo en las últimas semanas.

La CEOE ha recibido esta semana la noticia del acuerdo con cierta “sorpresa” y ha asegurado que nadie le había informado de que se iba a cerrar el pacto sin los empresarios.

 

Fuentes de la patronal han explicado que en el marco de la negociación habían expresado disconformidad con aspectos que tenían que ver con la negociación colectiva, pero que estaban de acuerdo en todo lo relacionado con la igualdad.

Prórroga de los ERTE sobre la bocina

El último acuerdo en el diálogo social, ya firmado sobre la bocina, ha sido el de la prolongación de los ERTE hasta el mes de enero. El anterior fue el del teletrabajo, también a punto de aprobarse en el Consejo de Ministros un decreto sin acuerdo.

En total, son seis acuerdos que han permitido al presidente del Gobierno hacerse fotos con sindicatos y patronal y, especialmente, no tener que afrontar la pandemia y sus consecuencias económicas con rechazo social.

También le ha servido políticamente para redondear su estrategia, que busca aislar al PP. Le ha permitido presentar acuerdos con sectores diferentes ideológicamente, como la CEOE, mientras que puede proyectar la imagen de Pablo Casado negándose a cualquier acuerdo.

Por todo ello, Díaz ha ganado peso político en el Gobierno y La Moncloa reconoce su labor. Esto explica también que el presidente del Gobierno le haya respaldado en conflictos concretos con otros miembros del Gobierno y le ha dado capacidad de maniobra para blindar las relaciones con los empresarios y los sindicatos.

Seis meses para la adaptación

Las empresas tendrán ahora seis meses, previsiblemente hasta abril, para adaptar los registros salariales ya obligatorios en la ley a estos detalles reglamentarios, ya que entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) que se prevé inmediata.

Mientras que el segundo reglamento, sobre los planes de igualdad, -que entrará en vigor también a los seis meses de su publicación en el BOE- explica en detalle el procedimiento para su negociación y registro y cuál será a partir de ahora el contenido mínimo de estos planes ya sea obligatorio o voluntario.

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