Dinero

El Gobierno prepara una autoridad sancionadora para proteger a los clientes de los abusos de la banca

Inspirada en la ‘US Consumer Financial Protection Bureau’ de Estados Unidos, permitirá denunciar malas prácticas como las cláusulas suelo, comisiones abusivas, letra pequeña en las hipotecas...

Sucursal bancaria.
photo_cameraSucursal bancaria.

España trabaja en la puesta en marcha de una agencia “contra los abusos de los bancos”. Un proyecto que lleva varios años guardado en un cajón, pero que ahora el Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto rescatar, a raíz del escándalo por el impuesto de las hipotecas, para proteger los derechos de clientes y usuarios.

La polémica sentencia del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas, cuyo fallo definitivo dará a conocer este lunes el pleno del Alto Tribunal, no es la única que ha dado la razón al cliente.

Otras dos resoluciones, que han sido dictadas en los últimos días, también han establecido que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) debe correr a cargo del banco.

Una autoridad para proteger a los clientes

Ante este escenario, según ha podido saber Confidencial Digital por fuentes conocedoras del proyecto que diseña el Ministerio de Economía, el Gobierno ultima la creación de una “Autoridad de Protección del Ahorrador e Inversor Financiero”.

Es el nombre del organismo que el Gobierno prepara con capacidad para sancionar a las entidades financieras que lleven a cabo malas prácticas, como las preferentes, cláusulas suelo, comisiones abusivas, letra pequeña de los contratos hipotecarios...

La nueva agencia de protección del consumidor frente a entidades financieras emitirá resoluciones vinculantes, incluyendo sanciones, y no solo recomendaciones.

Inspirada en el modelo de Estados Unidos

Según las fuentes consultadas por ECD, uno de los modelos que el Ejecutivo está tomando como referencia para importar a España es la US Consumer Financial Protection Bureau de Estados Unidos. Dispone de la capacidad de dictar multas y destina lo recaudado a financiar sus actividades e, incluso, indemnizar a los afectados.

Una facultad, explican en la cúpula económica del Gobierno, con la que ya cuentan organismos similares en la mayoría de países europeos, como Francia, Reino Unido, Bélgica y Holanda.

El BCE, inquieto por la “alta litigiosidad”

En el Ministerio de Economía reconocen que uno de los asuntos que más preocupa en este momento al BCE es “la alta litigiosidad que está observando entre los clientes y los bancos en España, por encima de la propia solvencia de las entidades”. Así lo admite a Confidencial Digital un alto cargo del Ejecutivo que viaja con asiduidad a Frankfurt.

Por eso, la exigencia del BCE a los bancos españoles va a ser también que implementen procedimientos de formación y transmisión de información e instrucciones a su red comercial. Deberán activar controles para minimizar el riesgo de que el servicio de asesoramiento en materia de inversión se preste de manera inadecuada.

El control y supervisión de la puesta en marcha de estas medidas quedará en manos de esa autoridad de defensa del consumidor y de las inspecciones periódicas del BCE.

El FMI ha concluido también que la grave crisis reputacional sufrida en los últimos años por la sucesión de escándalos financieros en España no ha hecho recapacitar a los bancos, que no han rectificado algunos de sus comportamientos.

Desprotección ante los abusos de los bancos

Hay que recordar que los servicios de reclamaciones para los consumidores están empotrados en los supervisores que vigilan la solvencia de las entidades y, en consecuencia, apenas tienen eficacia. El Banco de España y la CNMV se centran en la inspección y control de los balances, y sus resoluciones no tienen carácter vinculante.

El supervisor bursátil ha multado por malas prácticas de comercialización financiera. Pero casos como las preferentes o la salida a Bolsa de Bankia han escapado a una fiscalización rigurosa.

Por su parte, el servicio de reclamaciones del Banco de España denuncia actuaciones irregulares de las entidades. Pero en contadas ocasiones los bancos atienden sus demandas. En la mayoría de casos, las entidades obligan a sus clientes a acudir a la vía judicial, si consideran que una práctica ha sido abusiva o sin la transparencia exigida.

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