El Gobierno encuentra problemas para aplicar el “consumo mínimo vital” de luz: los inquilinos no son ‘rastreables’

El Gobierno se ha movilizado para que el recién anunciado “consumo mínimo vital” no acabe en un nuevo fiasco como ocurrió en sus inicios con el ingreso mínimo vital. El análisis está en manos también esta vez de los técnicos del Ministerio de Seguridad Social, que ya han alertado de algunos problemas para el despliegue de la medida.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada un Real Decreto Ley para rebajar el precio de la factura de la luz que obligará a las compañías eléctricas a devolver parte de los beneficios extraordinarios que obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan. Un importe que el Ejecutivo estima en 2.600 millones de euros.

Fue una de las medidas más polémicas que el Gobierno aprobó con el objetivo de frenar la escalada que los precios energéticos están experimentando en los últimos meses, como consecuencia del elevado precio en las cotizaciones internacionales del gas, que está asumiendo también el aumento en los costes del CO2.

Respecto a la vertiente social, el decreto creó un “suministro mínimo vital” para consumidores vulnerables con Bono Social Eléctrico que permitirá extender durante seis meses adicionales a los cuatro ya existentes la prohibición de interrumpir el servicio por impago, garantizando una potencia mínima de 3,5 kW durante ese periodo.

El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera, prevé un invierno complicado ante el espectacular encarecimiento del denominado pool eléctrico, impulsado por el precio de gas, que está disparado.

Análisis en la Seguridad Social

La medida está siendo perfilada también desde hace varias semanas por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá.

Ese suministro mínimo vital consiste en que a esos hogares vulnerables les quede siempre un mínimo garantizado por parte de los proveedores de electricidad: mantener un mínimo de suministro eléctrico en sus hogares y garantizar que no se queden sin nada.

Contratos a nombre de los propietarios

Sin embargo, de los obstáculos que han encontrado los técnicos de la Seguridad Social es que las personas que más necesitan esta medida, y que pueden estar ya recibiendo el Ingreso Mínimo Vital, muchas veces no son titulares de los contratos de electricidad asociados a sus viviendas.

Y así lo han alertado a Moncloa y a Transición Ecológica porque estos inquilinos no son ‘rastreables’ y la prohibición de cortes de suministro no llegará entonces a quienes realmente lo necesitan en los próximos meses de frío.

Por ejemplo, el contrato es del propietario del inmueble y esas familias están subarrendadas, y reciben cobertura de los servicios sociales de los ayuntamientos o entidades del tercer sector. Y en estos casos resulta complejo contactar con la comercializadora.

Una vieja promesa del Gobierno

Este suministro mínimo es una vieja promesa. Figuraba en el acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos, que prometía una “reforma profunda” del bono social de la luz, que ofrece descuentos a determinados colectivos, como hogares con bajos ingresos y familias numerosas, para “permitir que cualquier hogar pueda realizar un consumo mínimo de energía”.

También estaba recogido en la Estrategia Nacional Contra la Pobreza Energética 2019-2024 que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en abril de 2019, entonces, sin Unidas Podemos como socio. Esa estrategia preveía ponerlo en marcha atendiendo a las diferentes situaciones de vulnerabilidad. Entonces tenía fecha de caducidad y su duración se limitaba a un plazo de cuatro meses.

Ese plazo empezaría a contar una vez transcurridos los cuatro meses que fija la legislación para poder cortar la luz a un cliente vulnerable desde el primer requerimiento de pago de la factura eléctrica por impago.