El Gobierno no expropiará a las eléctricas: Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP tranquilizan a los inversores internacionales

Desconcierto en el sector eléctrico con la propuesta del Gobierno de “detraer” beneficios extraordinarios de las empresas energéticas para rebajar el precio de la luz. El anuncio, en boca del propio Pedro Sánchez, ha movilizado a los grandes inversores internacionales de las compañías, alarmados por el “intervencionismo” de la medida.

Las empresas eléctricas no tardaron este martes ni cinco horas en movilizarse para hacer frente al Gobierno, dejando patente el distanciamiento existente entre el sector energético y Pedro Sánchez.

Foro Nuclear, una de las patronales que aglutina Naturgy, EDP, Endesa e Iberdrola, ha amenazado con dejar de producir energía nuclear si siguen adelante los planes del Ejecutivo.

El Consejo de Ministros ha aprobado un paquete de medidas que se basa en detraer 2.600 millones de euros de las cuentas de las eléctricas para reducir los beneficios que les ha producido el incremento del coste de la materia prima en diferentes tecnologías como las renovables que van a mercado, la hidráulica o la nuclear.

Pedro Sánchez desató las alarmas

Sin embargo, fuentes del sector eléctrico, a las que ha tenido acceso Confidencial Digital, explican que Pedro Sánchez desató las alarmas de los grandes inversores internacionales horas antes de que el decreto urgente para rebajar el precio de la luz llegase al Consejo de Ministros.

El presidente había avanzado, en una entrevista en RTVE, nuevas rebajas de impuestos sobre la electricidad y otras medidas para abaratar la luz y el gas.

“Hay empresas energéticas que ahora mismo están teniendo beneficios extraordinarios. A mí eso no me parece aceptable, porque son beneficios que le vienen por la evolución del precio energético”, manifestó Sánchez, que aseguró que “detraerá beneficios extraordinarios de las empresas energéticas, que se lo pueden permitir, para topar el recibo del gas” y rebajar la factura.

Inquietud por el intervencionismo

El anuncio del paquete de medidas urgentes para intentar abaratar el recibo de la luz, protagonizado por el propio presidente del Gobierno, provocó consultas urgentes de los inversores y accionistas a las compañías energéticas, según ha podido saber ECD por fuentes conocedoras de los movimientos.

Unidas Podemos llevaba desde hace varias semanas proponiendo la necesidad de topar el precio del gas. Sin embargo, hasta hace unos días todas sus propuestas habían caído en saco roto. Finalmente, el Gobierno ha llegado al acuerdo intermedio de utilizar los ‘beneficios caídos del cielo’, una medida que se encontraba en tramitación parlamentaria, para topar el gas. Son unos 650 millones de euros, según cálculos del Ministerio para la Transición Ecológica.

El partido morado también había reclamado en su día aprobar el fin de los beneficios caídos del cielo por real decreto en lugar de con un proyecto de ley, lo que hubiera provocado su inmediata entrada en vigor.

Transición Ecológica, no obstante, ha cargado la mayor parte de la intervención del recibo de la luz en los ingresos públicos. Es una decisión que no gusta en Unidas Podemos pero que el área socialista del Gobierno ha decidido finalmente adoptar.

Confusión por el concepto “detraer”

En las principales compañías energéticas del país, entre las que se encuentran Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, aseguran a ECD haber realizado en las últimas horas intensas gestiones con grandes inversores internacionales.

Les trasladan que se encuentran “confundidos” por el concepto “detraer” beneficios utilizado por el presidente del Gobierno.

Los máximos ejecutivos de las eléctricas han tranquilizado a los inversores y han garantizado de manera insistente la estabilidad de la futura regulación del sector y han subrayado que no hay riesgos para la seguridad jurídica.

Pese a ello, se han topado con las dudas de los inversores sobre las intenciones regulatorias del Gobierno. E incluso en alguna de las consultas, una de las empresas líderes del sector en España ha tenido que aclarar a preguntas de los inversores que no hay ningún riesgo de expropiación.

“El Gobierno no nos va a expropiar”, zanjó la cúpula de esta compañía, tras un requerimiento directo de información al respecto.

La ortodoxia de la vicepresidenta Calviño

El mensaje principal trasladado por la alta dirección de las empresas energéticas para tranquilizar a los inversores ha sido, no obstante, que el núcleo de los ministerios económicos se encuentra en manos del PSOE.

Se subraya la ortodoxia de las vicepresidentas Nadia Calviño, que garantiza el cumplimiento de las exigencias que vienen de la Comisión Europea, y Teresa Ribera, al frente del ministerio que más directamente afecta al sector energético.

Durante los últimos años, Podemos ha sido con diferencia el partido con un discurso más beligerante contra las compañías eléctricas.

Los líderes de la formación morada han denunciado permanentemente los privilegios del “oligopolio” de las grandes eléctricas, les ha señalado como responsables de las subidas del recibo de luz, ha cargado contra una regulación laxa con ellas por las “puertas giratorias” que encuentran políticos para ocupar cargos en las empresas…

Hay que recordar que en los programas electorales de Podemos se han incluido medidas que desde el sector energético se han venido calificando de agresivas, como la insistencia en crear una gran empresa pública de energía, imponer nuevas tasas a las empresas para penalizarlas por sus grandes beneficios con instalaciones ya amortizadas…

Dudas sobre la legalidad de la medida

En las principales eléctricas del país insisten ahora en que más allá de los “titulares explosivos” hay que fijarse en la letra pequeña. “Estamos esperando el detalle de estas medidas para clarificar los mecanismos con los que se van a llevar a cabo”.

En cuanto a la terminología empleada por Pedro Sánchez, un alto ejecutivo del sector señala a ECD que, si con “detraer” el Gobierno se refiere a “confiscar”, la medida no sería posible. “No lo permite ni el ordenamiento jurídico ni la Unión Europea”.

Sobre “topar” los precios del gas, “la propia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijo que no era posible, que no se pueden establecer precios máximos”, recuerdan en las compañías energéticas. “Además, el 100% del gas que consumimos en España es importado”, destacan.

Llevarán a los tribunales la decisión

Así las cosas, fuentes de varias eléctricas confirman también a ECD que los departamentos jurídicos de las diferentes compañías ya están analizando los pormenores de la nueva legislación que entrará en vigor en las próximas semanas.

“Tienen que clarificarnos la letra pequeña y el paraguas jurídico con el que va a contar. De lo contrario, recurriremos las medidas”, advierten.

En el Gobierno dan por hecho que las grandes empresas acudirán a los tribunales para tumbar las decisiones del Ejecutivo, que pretende dar un hachazo de hasta 2.600 millones de euros. No obstante, entienden su postura y alegan que “tienen todo el derecho a judicializar los procesos”.

El Estado acaba de perder un pleito

En las eléctricas recuerdan que el Tesoro Público ya va a tener que devolver más de 1.400 millones de euros a las compañías por un decreto aprobado por el Gobierno del PP en 2015 que ha anulado recientemente el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal ha tumbado el denominado ‘canon hidráulico’ que el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con José Manuel Soria como ministro de Industria, implantó para gravar el uso de aguas para la producción de energía eléctrica y atajar (según anunció en su momento) el llamado déficit de tarifa, la diferencia entre los ingresos y los costes regulados del sistema eléctrico.