El ‘Gobierno de la igualdad’ no multará a las empresas que no tengan planes contra la discriminación de la mujer

En una semana entra en vigor la obligatoriedad de disponer de un protocolo para corregir cualquier brecha de género. Trabajo realizará inspecciones pero no sancionará

Los miembros del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez, momentos antes de comenzar la primera reunión del Consejo de Ministros.
Los miembros del nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez, momentos antes de comenzar la primera reunión del Consejo de Ministros.

El 7 de marzo finaliza el plazo para que casi 4.000 empresas con más de 150 trabajadores aprueben y registren su plan de igualdad a fin de promover, entre otras cosas, la erradicación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Pero el Gobierno, pese a colocar la igualdad como una de sus prioridades, no sancionará a quienes lo incumplan tal requisito.

El Ejecutivo aprobó hace un año el Real Decreto-ley 6/2019, que incluye, entre otras cuestiones, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad, y en ese norma se prevé que las empresas pueden recibir importantes sanciones, que pueden superar los 180.000 euros en los casos más graves.

Una de las medidas más destacadas, que ha pasado prácticamente desapercibida en los últimos meses, es la obligación de las empresas medianas y grandes de desarrollar y registrar planes de igualdad para avanzar hacia la equiparación de condiciones laborales entre hombres y mujeres.

Adaptación de casi 4.000 empresas

Esto significa, según fuentes empresariales, que unas 3.800 compañías disponen solo de una semana para tener listo su plan de igualdad.

A partir del próximo sábado, víspera del Día Internacional de la Mujer, las empresas de entre 150 y 250 trabajadores tienen que tener pactado con su plantilla un diagnóstico de la situación existente y un plan de igualdad para corregir cualquier brecha existente.

Sin embargo, la mayoría de ellas no estarán preparadas antes del verano, advierten a Confidencial Digital varios despachos laborales que asesoran a algunas de estas pymes.

No habrá multas a los incumplidores

El lunes 9 de marzo, primer día laborable tras de la entrada en vigor de esa normativa, no habrá una oleada de sanciones por incumplimiento, según anticipan a Confidencial Digital fuentes del Ministerio de Trabajo.

La Inspección tampoco tiene previsto poner en marcha una campaña de seguimiento específica sobre ese aspecto.

En principio, para allanar el camino, dada la envergadura del cambio que supondrá en el seno de muchas compañías, dará más margen para que esta adaptación se negocie en el tiempo necesario entre los empresarios y sus empleados.

 

Sólo se enviarán requerimientos

Según las fuentes consultadas por ECD, la actuación de la Administración estará, por tanto, más encaminada a remitir requerimientos que a sancionar a los que todavía no se hayan puesto al día, igual que cuando se implantó el año pasado la obligatoriedad del registro horario de jornada.

Se admite la complejidad de adaptar a organizaciones mucho más pequeñas  una normativa pensada para grandes corporaciones. Y todo ello, además, sin un reglamento que sirva de guía.

También se tiene en cuenta que los inspectores de Trabajo se deben preparar para el nuevo reto que supondrá controlar las políticas de igualdad en un número mucho mayor de empresas. “Aunque no deja de incrementarse la carga de trabajo, con el anuncio casi cada mes de nuevos planes contra el fraude laboral, la Inspección no ha incorporado más profesionales”, explica a ECD un veterano inspector.

La Dirección General de Trabajo tampoco ha dado por ahora instrucciones a los técnicos sobre cómo actuar ante los casos más dudosos.

Más tiempo para las empresas pequeñas

Hay que recordar que el Gobierno anunció, en el momento en el que aprobó el decreto, que iba a conceder un periodo transitorio a las medianas empresas para que tuvieran tiempo de negociar y aprobar con sus trabajadores estos planes de igualdad, tal y como solicitaron entonces las patronales CEOE y Cepyme.

Dio una moratoria de un año a las empresas de entre 150 y 250 trabajadores, dos años a las que van de 100 a 150 empleados y tres para las de más de 50 trabajadores, mientras que las de menos de 50 asalariados quedaron exentas.

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