El Gobierno se planta ante Bruselas y dice ‘no’ a retrasar la edad de jubilación a los 70 años

Bruselas está marcando la pauta para una reforma del sistema de pensiones en España, ahogado por el déficit y las deudas. Pero el revuelo generado solo por la última propuesta del Gobierno para subir de 25 a 35 años el periodo de cotización para calcular la pensión ha provocado que el Gobierno frene de momento otra condición de la UE: retrasar la edad de jubilación.

La propuesta de ampliar de 25 a 35 años el período de cotización para calcular la pensión, junto a otras que ha planteado el Ejecutivo en los últimos meses -como penalizar las jubilaciones anticipadas máximas y postergar la edad de retiro- se orientan a intentar un fuerte ahorro futuro del sistema para poder asumir otras medidas populares como garantizar que todos los años suba la pensión con el IPC.

Mientras llegan los cambios, reclamados por Europa para percibir los fondos europeos, el ritmo de la reforma aprobada en 2013 sigue avanzando y un año más vuelve a condicionar la jubilación de los trabajadores que den el paso el próximo ejercicio.

La norma retrasa progresivamente la edad de retiro hasta los 67 años en 2027. Así, quienes quieran jubilarse a lo largo del año que viene con el 100 % de la pensión que les pudiera corresponder deberán tener ya cumplidos los 66 años. Desde 2019 la edad de retiro comenzó a incrementarse dos meses para llegar a los citados 67 en 2027.

Retraso de la jubilación a los 70

Sin embargo, fuentes de la cúpula económica del Gobierno admiten a Confidencial Digital que Europa reclama ampliar ese retraso de la edad de jubilación hasta los 70 años en línea con la idea planteada hace varias semanas por el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de promover con incentivos tangibles una prolongación gradual de la vida laboral.

En la Comisión Europea han calculado que con esta medida se lograría pasar de los 1,5 trabajadores por jubilado que se alcanzaría en 2040 a los 2,5 empleados por pensionista, una cifra crucial para el sostenimiento del sistema de cotizaciones en España.

En la mayoría de países europeos

De hecho, las fuentes a las que ha tenido acceso ECD reconocen que Bruselas ha transmitido a España que ese es el modelo que están poniendo en práctica la mayoría de los países europeos.

En Alemania la edad legal de jubilación está aumentando hasta los 67 años (63 para largas carreras de cotización). En Dinamarca aumenta hasta los 67 años y se permite una jubilación a los 64 años para los que más han cotizado.

En Francia la edad ordinaria quedará fijada en 67 años en el año 2023. En Irlanda la edad de jubilación quedará establecida en 68 años en 2028. En Italia, cuyo sistema se basa en cuentas nocionales, existe flexibilidad para jubilarse entre los 62 y los 70 años. En los Países Bajos también quedará establecida en 67 años a partir del año 2023.

La edad de jubilación a los 65 años se estableció con una esperanza media de vida en el entorno de los 75 años. Sin embargo, en la actualidad la esperanza de vida en los hombres ronda los 81 años y los 86 en las mujeres lo que abre la puerta a una prolongación de la vida laboral siempre que esta ganancia lleve aparejada una mejor salud.

El revuelo por el periodo de cotización

Sin embargo, el revuelo en el propio Gobierno tras la propuesta del ministro Escrivá para elevar en el futuro desde los hasta 25 años vigentes a 35 el período de cotización a tener en cuenta para calcular la pensión de jubilación ha llevado a aparcar el plan para retrasar la edad de jubilación, según confirman a ECD fuentes próximas a La Moncloa.

El Ministerio de Seguridad Social ve necesario ampliar la base de cómputo dentro de las medidas para contener las pensiones e intentar hacer sostenible el sistema a largo plazo. En cambio, Podemos considera que elevar la base de cotización a 35 años no es razonable y es, en realidad, un recorte. Y han anunciado batalla contra esta propuesta.

El acuerdo en el Pacto de Toledo

Pese a ello, el acuerdo del pasado octubre en el seno de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo ofrece la base para que el ministro Escrivá pueda exigir computar más años a los que quieran la pensión completa.

“Se evaluará la progresiva ampliación del periodo cotizado necesario para alcanzar el cien por cien de la base reguladora”, figura en la Recomendación sobre Adecuación de las bases y períodos de cotización.

Por lo pronto, en 2021 también cambiarán los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión, que ese año quedará fijado en 24 años. Desde 2013 se abrió un periodo transitorio hasta el 1 de enero de 2022 en el que el periodo de cotización exigido para calcular la pensión pasará de forma progresiva desde los 15 años a los 25 años.

A cada ejercicio, a contar desde 2013, se le va sumando un año hasta completar los citados 25 años en 2022.

El Pacto de Toledo ha matizado que, en todo caso, se debe dar facultad al trabajador para elegir, al menos, los mejores 25 años de su cotización para que no le penalicen los descensos de sueldo de las crisis.

Un año complejo para la Seguridad Social

No se pasa por alto que la factura mensual de las pensiones ya roza los 10.000 millones y su deuda los 100.000 millones este ejercicio. El escenario ya anticipa que 2021 será un año muy complejo para la Seguridad Social.

La parálisis económica para frenar la pandemia, los confinamientos y las restricciones a las empresas van a golpear las ya maltrechas cuentas públicas, y el sistema verá cómo se agrandan los números rojos que arrastra desde 2011, que a finales de 2019 ya superaban los 17.000 millones.

El Gobierno ya ha reconocido una merma grave de sus ingresos, al tiempo que aumentarán sus gastos por el pago de prestaciones extraordinarias. Su déficit y su deuda irán hasta porcentajes desorbitados, lo que convierte a este sistema en el principal foco de preocupación de las cuentas públicas.