El Gobierno procede al desalojo forzoso de empresas que exponen a sus trabajadores al coronavirus

El Gobierno ha comenzado a proceder contra las empresas que están poniendo en riesgo a su personal con el coronavirus. Un operativo, coordinado por la Inspección de Trabajo y con actuaciones presenciales de la Policía Nacional, está provocando los primeros desalojos forzosos de centros laborales.

Fuentes del Ministerio de Trabajo explican a Confidencial Digital que la obligación de todas aquellas empresas que continúen con su actividad es cumplir los protocolos estrictos de higiene y distanciamiento que están exigiendo las autoridades, así como proporcionar material a cada trabajador para evitar su contagio.

En caso contrario los trabajadores pueden o bien parar la actividad, o acudir a la Inspección y denunciar estos incumplimientos. En el Ministerio recuerdan que la ley prevé sanciones, en función de la gravedad de los hechos, de entre 6.251 euros y 187.515 euros.

ECD ha podido saber que la Inspección ha recibido en las últimas horas denuncias de distintos centros de trabajo. Destacan, entre los sectores más afectados, los servicios de atención al cliente, grandes empresas de la construcción y algunas entidades financieras, donde algunos empleados han alertado de “exceso de personal” en las sucursales.

Preaviso de 24 horas de la Inspección

Pues bien. La autoridad laboral está dando un plazo de 24 horas para exigir a estas compañías que tomen medidas de manera inmediata y resuelvan el problema de salud que exista. También solicita a los delegados de prevención de riesgos laborales que indiquen si comienza a cumplirse ese requerimiento, o no, en un plazo de dos horas.

Tras visitar las instalaciones, y trascurrido ese periodo de dos horas, la totalidad de los delegados y las secciones sindicales deben informar de la situación a la Inspección de Trabajo, que será la encargada de poner en marcha el operativo en caso de incumplimiento para que la Policía proceda al desalojo forzoso.

En caso de resistencia a la orden de la Policía por parte de la empresa, la Inspección de Trabajo lo pondrá en conocimiento del Ministerio de Sanidad con la máxima urgencia para que decida la paralización de la actividad. Ellos tienen la última palabra.

Desalojo de servicios de atención al cliente

Confidencial Digital ha podido confirmar que esta operativa de desalojo forzoso se ha comenzado a aplicar ya en centros de trabajo de grandes empresas del sector del telemarketing en España como Konecta.

Además, fuentes de los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado explican que la Policía Nacional ha recibido avisos de la Inspección para cerrar o desalojar también a parte del personal de otras compañías del sector como Atento, GSS y Sitel por “no cumplir los requisitos mínimos de salud laboral”.

Actuaciones en los centros de Konecta

Este martes, la Inspección de Trabajo se puso en contacto con la empresa Konecta BTO, empresa líder del sector de ‘contact center’ en España, con una plantilla de 5.000 personas sólo en la Comunidad de Madrid, y casi 15.000 en todo el país.

La comunicación se produjo tras la denuncia presentada por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) con carácter de urgencia.

Este sindicato, con representación mayoritaria en la empresa, solicitaba a la Inspección la paralización de la actividad, al amparo del artículo 44 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y ante la falta de medidas de seguridad en relación al coronavirus entre sus trabajadores.

La actuación inspectora culminó con un requerimiento en el que se ordenaba a la empresa, entre otras medidas, el establecimiento de una distancia de seguridad entre las personas trabajadoras de, al menos, dos metros.

La representación mayoritaria del Comité de Empresa comprobó que esas medidas no se estaban cumpliendo a lo largo de la tarde del martes, y comunicaron a la empresa su decisión de paralizar la actividad alrededor de la medianoche, cumpliendo con los trámites al amparo del artículo 21 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Konecta se ha negado a cerrar

Por el momento, Konecta BTO se ha negado a clausurar las instalaciones “en medio de un clima de tensión enorme”, según relatan a ECD varios trabajadores de la compañía en Madrid.

Este miércoles la jornada arrancó con “mucha confusión”, con visitas constantes de la Policía Nacional, que ha levantado atestado detallando el estado de los centros.

Finalmente, el Director Territorial Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Madrid ha dado traslado al Ministerio de Sanidad, la autoridad competente en este momento, una comunicación en la que propone lo siguiente:

1. “El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industria”.

2. “La suspensión del ejercicio de actividades, así como la iniciación del correspondiente expediente sancionador, de conformidad con el Título VI”.

Los trabajadores de Konecta BTO, que todavía están obligados a acudir a su puesto de trabajo este jueves, permanecen ahora a la espera de la resolución del Ministerio de Sanidad, que se producirá en las próximas horas.

La Policía está paralizando algunas obras

Por si esto fuera poco, ECD ha podido confirmar que algunas obras de construcción en varios puntos de España han tenido que parar también su actividad este miércoles ante las dificultades técnicas para cumplir con las medidas de prevención dictadas por el Gobierno.

En principio, el decreto del estado de alarma no contempla la paralización de las obras de edificación porque se consideran centros de trabajo abiertos en los que se está realizando actividad laboral.

En cambio, desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) confirman a ECD que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están obligando a cerrar algunas obras. Critican, no obstante, que “no tienen el respaldo legal para hacerlo y no les acredita ninguna orden para llevarlo a cabo”.

Sanidad tiene la última palabra

Fuentes del Gobierno conocedoras del operativo explican a ECD que el Ministerio de Sanidad tendrá ahora la última palabra en la resolución de estos conflictos. Anticipan que, ante las denuncias de trabajadores, el departamento de Salvador Illa se decanta por clausurar los centros laborales. No se quiere asumir ni el más mínimo riesgo.

Un procedimiento que supone una novedad en este momento, tras las medidas adoptadas por el Gobierno con el estado de alarma. Hasta ahora, bastaba con la acción inspectora del Ministerio de Trabajo para paralizar la actividad.