El Gobierno prohibió el gasto en los ministerios el día que firmó el pacto con Podemos
Hacienda decretó el cierre presupuestario de 2019 mientras Pedro Sánchez y Pablo Iglesias negociaban un acuerdo para formar un Ejecutivo de coalición
El Ministerio de Hacienda acaba de cortar el grifo de todos los gastos en los ministerios. Trasladó la orden el mismo día que el PSOE negociaba la incorporación de Unidas Podemos al Gobierno. Los técnicos recuerdan que el cierre presupuestario suele producirse a finales de noviembre, salvo en ejercicios excepcionales.
Pero la medida está concebida para evitar por todos los medios que el gasto suba. Durante la crisis, el Ministerio solía adelantar a octubre o noviembre el cierre de los presupuestos con tal de alcanzar el objetivo de déficit. De esta forma, se gastaba lo mínimo considerado esencial y recogido en la ley.
Pero de ningún modo se podía aprobar un nuevo desembolso, y en muchos casos simplemente se ejecutaba la rúbrica, pero la factura y el consiguiente pago se remitían al siguiente año. Es decir, se producía un cierto trasvase de déficit de un ejercicio al próximo.
El cierre presupuestario implica que la Administración central dejará de abonar muchos pagos no aprobados y dejará de poner en marcha numerosas operaciones y licitaciones.
Así pues, Confidencial Digital ha podido constatar que la decisión se tomó este ejercicio un día después de las elecciones generales, en plena negociación con Unidas Podemos para alcanzar un preacuerdo para formar un Gobierno de coalición, y la orden fue publicada al día siguiente, martes 12 de noviembre, en el Boletín Oficial del Estado.
Un caso excepcional con Rajoy en 2016
Hay que recordar que el Gobierno de Mariano Rajoy tomó en 2016 una decisión excepcional. Dio orden en julio de ese año de que los funcionarios encargados de la facturación y contabilidad en los ministerios permanecieran en sus puestos. El adelanto a julio del cierre del presupuesto trastocó sus planes para las vacaciones de verano.
Esta labor de contabilidad y facturación mantuvo de guardia entonces a alrededor de 50.000 funcionarios del Estado, lo que representa aproximadamente el 10% del personal de los ministerios.
Muchos de ellos vieron modificados sus planes de vacaciones de verano por aquella decisión inesperada del Ejecutivo, sobre todo aquellos que habían solicitado unos días libres en las últimas semanas de julio y las primeras de agosto, que tuvieron que esperar a tomar su descanso en otro momento.
La orden fue comunicada a los empleados públicos encargados de esas tareas, con apenas quince días de antelación, lo que provocó que se vieran desbordados por el volumen de trabajo sobrevenido.
Habitualmente, la orden de cierre regula las fechas máximas en las que pueden llevarse a cabo las distintas actuaciones de gasto con el fin de ordenar el cierre del ejercicio.
Para ello, se suele establecer como fecha máxima en la que se pueden iniciar las actuaciones de gasto los primeros días de noviembre, cuando apenas hay personal de vacaciones, con el fin de que el gasto pueda ser comprometido y ejecutado y se complete el procedimiento dentro del ejercicio.
Entonces, el cierre presupuestario se adelantó cuatro meses, al 29 de julio. La orden excepcional de aquel año perseguía que los distintos ministerios no incurrieran en gastos que no eran prioritarios y sirviera también para seguir avanzando en la consolidación fiscal.
