El Gobierno no tiene dinero para prorrogar los ERTE en octubre

La ayuda solicitada a Europa no es suficiente: le faltan 5.000 millones. Ha trasladado a patronal y sindicatos la posibilidad de que haya que recortar las prestaciones

Pedro Sánchez.

La ayuda solicitada a Europa no es suficiente: le faltan 5.000 millones. Ha trasladado a patronal y sindicatos la posibilidad de que haya que recortar las prestaciones

El Gobierno tiene todavía pendiente negociar con sindicatos y patronal las condiciones en las que seguirán más allá de octubre los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y la prestación por cese de actividad de los autónomos. El Ejecutivo ha advertido a los agentes sociales de que sufre “falta de liquidez” y, por tanto, se plantea recortar esas prestaciones.

Aunque el Ejecutivo esperaba poder ir retirando estos subsidios después del verano, la mala temporada turística, entre otros factores, está dando un vuelco a esas perspectivas.

De momento, Moncloa ha accedido a ampliar las condiciones favorables para empresas y trabajadores, como exoneraciones de cotizaciones y no exigencia de periodo de cotización previo para acceder a las prestaciones, hasta el próximo 30 de septiembre, aunque se mantiene viva una comisión tripartita para tomar el pulso del mercado laboral durante el verano y decidir si deben prorrogarse hasta final de año.

España pide 20.000 millones a Europa

Hay que destacar que España ha sido esta semana el primer país de la UE en solicitar formalmente a la Comisión Europea los fondos del SURE, el instrumento comunitario ideado de forma temporal para mitigar el golpe del coronavirus en el empleo.

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Pese al fuerte apoyo de las compras del BCE, el Gobierno está arañando de todas partes, con tal de conseguir esa financiación, en un contexto en el que todos los países están emitiendo deuda.

La ayuda europea no va ser suficiente

Con la petición a Europa de 20.000 millones, el Gobierno se asegura financiación a un precio barato a largo plazo, y resta presión sobre las emisiones y, por tanto, sobre la prima de riesgo española.

Pese a ello, técnicos del Ministerio de Economía explican a Confidencial Digital que la liquidez provista hasta el momento no será suficiente para la situación de crisis económica que se debe abordar este año y cumplir además con el pago de todas las prestaciones.

Faltan 5.000 millones para septiembre

La ayuda europea de 20.000 millones se quedará corta antes incluso de recibirla. Se prevé que el primer tramo del dinero llegue a España este otoño y, tras pagar los subsidios de agosto durante los primeros días de septiembre, la liquidez ya se habrá agotado, según confirman a ECD fuentes conocedoras de la situación.

Además, el importe final que logrará España dependerá, entre otros factores, del volumen que demanden el resto de países interesados en este programa. La primera ronda de solicitudes de acceso al SURE está abierta hasta este viernes.

Fuentes de la cúpula económica del Ejecutivo calculan que el coste total de las prestaciones hasta finales de septiembre superará los 25.000 millones. Esas estimaciones contemplan también lo que se deja de ingresar por exonerar las cotizaciones, que viene a ser un 30%.

Por lo tanto, el Gobierno necesita 5.000 millones más para completar el plazo vigente del acuerdo con sindicatos y patronal que prorroga los ERTE y el cese de actividad de los autónomos hasta el 30 de septiembre.

7.000 millones al mes

Explican que el coste de los expedientes de regulación temporal de empleo y la prestación de los trabajadores por cuenta propia alcanzó los 7.000 millones al mes en el punto más álgido de la crisis del coronavirus, por ejemplo en abril y mayo. Luego este gasto mensual ha ido menguando conforme han ido saliendo trabajadores de los ERTE.

Se estimó inicialmente el gasto el pasado mes de marzo en 14.000 millones de euros pero el desarrollo posterior de la epidemia va a suponer una cifra muy superior.

Ya a finales de mayo, el Gobierno aprobó líneas de crédito extraordinarias por 30.000 millones de euros a la Seguridad Social para cubrir el déficit por la falta de ingresos y los costes de las ayudas.

El coronavirus se ha comido los ingresos

Hay que recordar que la declaración del estado de alarma y la paralización de muchas actividades económicas ha mermado los ingresos del Estado.

Unos trabajadores han perdido su empleo, lo que ha incrementado el gasto en prestaciones; otros se han visto afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 3,5 millones; y otros son autónomos que se han acogido a la prestación por cese de actividad, 1,4 millones.

Esta situación ha provocado una caída brusca de la recaudación de la Seguridad Social a través de las cotizaciones sociales: ni los autónomos con esta ayuda, ni los tres millones de ERTE por fuerza mayor han pagado cotizaciones.

Además, hay que destacar la mayor flexibilidad en los aplazamientos del pago de impuestos para empresas y autónomos.

Por si esto fuera poco, el Gobierno debe garantizar también antes de final de año el abono de la extra de Navidad a los nueve millones de pensionistas. En cada paga extra se producen unas exigencias adicionales que el próximo mes de noviembre superarán los 20.000 millones, tal y cómo alertan altos cargos del Ministerio de Seguridad Social.

Riesgo de que haya que recortar las prestaciones

Esta complicada situación financiera es la que ha llevado a debatir en el seno del Gobierno la vía de financiación para prorrogar los ERTE y todos los esquemas de ayudas.

Empresarios y sindicatos ya han demandado al Gobierno una segunda prórroga más allá del 30 de septiembre, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, lo ha apoyado, recordando que, si se deja caer ahora el esquema, todos los recursos empleados para salvar empresas y empleos en los últimos cuatro meses no habrán servido de nada.

Sin embargo, en el área económica del Gobierno reconocen a ECD ser más “sensibles” al golpe que está suponiendo la crisis del coronavirus sobre los recursos del Estado.

Reactivar empresas

Tanto la vicepresidenta Nadia Calviño como el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, son defensores de un esquema de ayudas cada vez más restrictivo con las empresas que no se reactiven y más incentivador hacia las que vuelvan al negocio.

Un planteamiento que se ha hecho llegar a los agentes sociales y que abre la puerta a un recorte de las prestaciones a partir del mes de octubre, lo que exigirá un mayor esfuerzo a las empresas si deciden completar las nóminas de sus empleados hasta donde no llegue el Estado (ahora cobra un 70% del sueldo bruto) a cambio de mantener el ERTE.